Los concejales de Cúcuta afirmaron que no han recibido ni un solo peso para aprobar expeditamente el Plan de Ordenamiento Territorial (Pot), una vez este llegue al concejo.

La aclaratoria hecha por algunos concejales fue por el rumor que corrió en la ciudad de que les habrían pagado para que no hubiese objeciones al proyecto de acuerdo. Sin embargo, el concejal Oliverio Castellanos, salió en defensa desmintiendo esto y sostuvo: “A nosotros nos pagan por sesión porque es nuestro trabajo, desmiento lo que están diciendo ante la opinión pública de que nos pagaron por aprobar ese proyecto de acuerdo”.

Castellanos sostuvo que en la calle se dice que ya hay 10 concejales listos para aprobar el documento; sin embargo, él mismo manifestó que el Concejo no va ser tan irresponsable de aprobar un proyecto de acuerdo a los pupitrazos, porque es un texto sumamente complejo, integrado por muchos componentes que analizar.

“Se tiene un máximo de 90 días para el estudio, pero considero que finalmente se le acabó el tiempo a la administración para aprobar este proyecto de acuerdo”, dijo.

Sobre lo anterior explicó que dentro de un mes se termina el segundo lapso de sesiones ordinarias; y no alcanzan las extras para analizar un proyecto tan robusto.

Precisó que la administración municipal, por medio del contratista (Unión Temporal Planeando Cúcuta) debe “pulir” el documento revisando una a una las observaciones que se le han hecho para finalmente entregar un POT completo. 

“El acalde es coherente y conoce los temas de la ciudad, pero que no se deje influenciar de algunos actores que están a su lado, y que presuntamente tienen algunos intereses de que se apruebe ese proyecto”, sentenció.

Nelly Santafé Andrade, vicepresidenta de la mesa directiva del Concejo, explicó que una vez el texto sea trasladado a la plenaria, por ser de Planeación será recibido por la comisión primera del plan, a la cual ella pertenece, y donde se revisará que cumpla con los requisitos establecidos en la ley.

Bachir Mirep, concejal del Partido Liberal, indicó que primero revisarán que el proyecto de acuerdo haya cumplido con cada una de las etapas para su construcción, establecidas en la Ley 388 y en el decreto 1077 de 2015.

“Tenemos que volver a invitar a todos los sectores involucrados, recibir las observaciones ciudadanas y obtener un documento apropiado en lo que respecta a la planeación territorial, la expansión organizada de la ciudad, y las actividades a desarrollar en la misma”, dijo. 

Castellanos precisó que el consorcio debe dar la cara una vez llegue el Pot al concejo. Enfatizó que el contratista debe venir a exponer ante el mismo Concejo cada uno de los ejes estratégicos que se manejan en el documento. 

El proyecto de acuerdo del Pot debe ir a las manos de la Procuraduría General de la Nación que conformó un grupo élite que está trabajando solamente en las revisiones de los Planes de Ordenamiento Territorial de los diferentes municipios.

Este grupo de especialistas supervisa si está listo, y si cumple con todo lo establecido en la normatividad.