Algo desacomodados de ropa -unos usando chancletas y otros con los pies descalzos- salen de las carpas con lagañas y dan unos pasos para buscar el desayuno, el refrigerio, el almuerzo y luego la cena. 

Aunque la rutina se ha repetido desde que fueron expulsados de Venezuela, los pequeños vienen notando cambios drásticos  en especial la soledad. 

El recinto Interferias está ubicado en un lote de 20 hectáreas sobre el anillo vial, en la vía que conduce a la población venezolana Ureña (estado Táchira), y cuenta con un pabellón de 3.200 metros cuadrados inaugurado en el 2000 tras una inversión de 1.000 millones de pesos. 

Solo 17 personas quedaban ayer en el sitio, la mayoría, niños que juegan y corretean mientras sus padres salen a estudiar, trabajar o a buscar una casa en arriendo con afán, porque sienten que se les está acabando el tiempo para recibir las ayudas del gobierno. 

Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd), de  6 mil 129 personas albergadas durante la primera fase de la atención humanitaria ayer solo quedaban 5 jefes de hogar que se rehúsan a salir del albergue. 

Jesús Hemel Guerrero López, Luz Marina Rivera Martínez, Zuleima Mina Rodallega, Liliana Patricia Ruiz y José Fabio Martínez son las últimas cinco personas, jefes de hogar, que no salen del albergue. 

Aunque el gobierno dijo desde un comienzo que acompañará a los albergados hasta la normalización de sus vidas en Colombia, también es cierto que se han expedido resoluciones como la 1390 del 26 de octubre, que pone fin  al proceso de entrega de subsidios de arriendo temporal. 

Guerrero, uno de los renuentes a salir del albergue,  dijo que cinco personas no han firmado el contrato de salida del albergue porque sienten que van a quedar desprotegidos. 

“Unos son víctimas de desplazamiento, otros sufren el problema de la extrema pobreza y otros son enfermas o madres cabeza de hogar que tienen hasta 4 hijos pequeños”, dijo. 

Respecto a su caso, dijo que no ha firmado porque no tiene garantías: no tiene trabajo, es discapacitado visual y para caminar. 

Aunque Guerrero habla de una mesa de diálogo para exigir vivienda gratis, subsidio de educación y trabajo -según él- como lo prometió el presidente Santos en sus alocuciones, lo cierto es que el mismo director de la Unidad Nacional del Riesgo, Carlos Iván Márquez señaló que las ayudas no son negociables. 

Temen salir del albergue

La Opinión habló ayer con las personas que permanecen renuentes a salir del albergue. 

Luz Marina Rivera Martínez, 46 años, no ha querido firmar contrato de arrendamiento porque es madre cabeza de un hogar de 6 hijos, tres menores de edad y está enferma. 

“Yo digo que es una gran responsabilidad salir del albergue para darle de comer a mis hijos, para sostenerlos en el estudio, yo no tengo un solo peso”, señaló. 

Según Rivera espera que el Gobierno les ayude con una vivienda, así sea un lote (terreno), porque es desplazada hace 9 años de Buga (Valle del Cauca). 

Según la mujer no sale del albergue sin una garantía, que se traduce en vivienda, educación para sus hijos y trabajo, porque no tiene para sostenerlos. 

La mujer señaló que antes se dedicaba a oficios varios en Cúcuta y se ganaba entre 50 y 100 mil pesos con los que sobrevivía en Mi pequeña Barinas (Venezuela) hasta 8 días.

Jesús Hemel Guerrero, sufre problemas psiquiátricos; Liliana Patricia Ruiz, tiene 4 hijos y no la reciben en una habitación y pide vivienda, y Zuleima Mina, de Buenaventura, dice que no volverá a su tierra.  

*Redacción La Opinión