El Centro Regional de Atención a Víctimas (Crav), ubicado en Atalaya, tiene algunas fallas estructurales que está limitando la atención a las más de 600 personas sobrevivientes de la guerra que acuden y convergen cada día en ese espacio.

La atención fue reducida de 6:30 am hasta la 1 pm. Así lo indica una notificación a la entrada del espacio.

Las filtraciones están dejando consecuencias en los techos, porque en algunas zonas se han caído: en la rampa de acceso cedió una parte, y en los salones donde se dictan las capacitaciones ,también.

La batería de salas sanitarias está fuera de servicio, y algunas lámparas de iluminación interna están dañadas. 

Para esta estructura se necesitaron cerca de 6.000 millones de pesos. Han transcurrido tres años desde que se inauguró y ya el espacio está visiblemente deteriorado, porque muestra fisuras en las paredes, y hasta las losas del piso de la entrada están partidas.

(La atención fue reducida de 6:30 a.m. hasta la 1 p.m. así lo indica una notificación a la entrada del espacio.)

El problema de las filtraciones se agudizó con las lluvias recientes. 

Este proyecto de gran envergadura, uno de los centros de víctimas más grandes del país, requiere con urgencia de mejoras, porque diariamente recibe a cientos de personas vulnerables que corren riesgo dentro de la infraestructura.

La directora de la Unidad Nacional de Víctimas, Yolanda Pinto, visitó el Crav en febrero y sostuvo una reunión con el alcalde de Cúcuta, César Rojas, tras el compromiso adquirido por el municipio de darle mantenimiento al centro. 

Luego de casi tres meses de ese encuentro, Rojas se reunió esta semana con el director territorial de la unidad de víctimas, Saniel Peñaranda; la procuraduría regional y las secretarías de despacho, para inspeccionar la infraestructura.

Se invertirán 200 millones de pesos para las primeras adecuaciones. La prioridad es la sustitución de las láminas de policarbonato que se desprendieron del techo. Algunas mejoras se complementarán con recursos de la unidad de víctimas.

“Tan pronto salgamos de la Ley de Garantías realizaremos en convenio lo que quede pendiente por solucionar”, precisó Peñaranda.