La Alcaldía dejó en claro este martes que la vieja estación de transporte de Cúcuta, que está en el área donde se construirá la intersección vial Glorieta del Indio, tiene los días contados.

De esta manera, no solo desaparecería del paisaje la glorieta sino el predio donde hasta hoy ha funcionado la terminal, dijo el secretario General de la Alcaldía, Hugo Márquez.

El funcionario explicó que la decisión no es capricho de la Alcaldía,  sino que así lo contempla el Plan de Ordenamiento Territorial (Pot), según el cual, en ese lugar no puede seguir funcionando la terminal.

Puede ser en seis meses, uno o dos años, pero esa terminal debe salir de ahí a otro lugar, insistió Márquez, quien de esta manera despejó las dudas sobre la presencia del establecimiento en el área donde se construirá la nueva intersección vial.

Dijo que mientras el traslado se produzca, el diseño que se planteó para la intersección, con tres puentes, garantizará la movilidad y el acceso de los automotores a la estación de transporte actual.

Al ser indagado sobre el futuro de la nueva terminal, Márquez señaló que hay un conflicto que en cualquier momento tiene su desenlace y que ha avanzado en paralelo con la decisión de reubicar la actual terminal a otro lugar.

Este lugar aún no se tiene definido con claridad cuál será, pese a que hace doce años se inició la construcción de la nueva terminal de transporte,  en un lote en la vía a Puerto Santander, proyecto que se encuentra suspendido y embargado por la Dian por el no pago de impuesto.

En 2017, tras evaluar lo hecho en el predio, el alcalde, César Rojas, designó un abogado para formular una querella ante la Superintendencia de Sociedades, para liquidar la sociedad, a la cual el Municipio aportó 2.800 millones de pesos.

Hasta el martes, de este proceso no se conoce desenlace. No obstante, un informe de la gerencia de la Central de Transportes de Cúcuta (la actual terminal), reveló que el esperado proyecto de la nueva terminal requeriría cerca de 40 mil millones de pesos para que culmine su edificación. No se dijo de dónde podrían provenir dichos recursos.

Del mismo proyecto, el año pasado el Concejo concluyó que no hay más salida para este proceso que darlo por terminado de forma unilateral. 

El proyecto de construcción de la nueva terminal de transporte está suspendido hace doce años.

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Proceso, en fase probatoria

El proceso de responsabilidad fiscal (por una cuantía de 5.800 millones de pesos) que emprendió la Contraloría Municipal en 2017 contra el Municipio avanza en su fase probatoria. Según la titular del órgano de control, Blanca Cruz, se profirió auto que decreta la práctica de pruebas, de fecha 8 de noviembre.

Dijo que se solicitó al Tribunal de Norte de Santander, como prueba trasladada, copia auténtica de la acción de protección de derechos e intereses colectivos resuelta por dicho tribunal el 31 de mayo de 2018.

La sociedad que se conformó para el proyecto de la nueva terminal de transporte la conforman: Vargas Velandia Ltda., Universidad La Gran Colombia, Jerc S.A., Terminal de Transportes de Chiquinquirá S.A. (Boyacá), Inmobiliaria Atrium S.A. y Cooguasimales y el municipio de Cúcuta.