La Secretaría de Seguridad Ciudadana está a la ‘caza’ de unas cámaras de seguridad instaladas en diferentes puntos de Cúcuta que no son monitoreadas por el Centro Automático de Despacho (CAD) de la Policía Metropolitana (Mecuc).

Oficialmente esa oficina que funciona en las instalaciones del comando de la Mecuc, maneja 311 cámaras, de las cuales 20 están fuera de servicio para mantenimiento, según el secretario de Seguridad, Mauricio Franco.

La preocupación surge porque habría varios ojos electrónicos en algunos sectores de la capital nortesantandereana que nadie controla y no se sabe quién las instaló y qué función cumplen, dijo el funcionario. 

“No tenemos un censo de las mismas por lo que vamos a solicitarle al gobierno departamental que nos informe si ellos han instalado sistemas de alarmas con cámaras, en dónde las han instalado y quién las está visualizando, con el propósito de saber qué es lo que está pasando”, explicó Franco.

El secretario dijo que se conoce de hechos violentos como el asesinato ocurrido esta semana en el barrio Cúcuta 75, justo debajo de una cámara que hace muchos días está dañada, pero no es de la administración municipal, ni es de las que tiene la Policía visualizadas en el CAD.

“Eso lo que hace es generar un problema para el mismo sistema de circuito cerrado de televisión que tiene la ciudad, porque está desvirtuando el buen mantenimiento que se le está dando a nuestras cámaras, por cuyo concepto la Alcaldía paga una cifra superior a los $700 millones al año en mantenimiento correctivo y preventivo de todo el sistema de circuito cerrado de televisión”.

Entre las 311 cámaras que existen fueron renovadas 27 de la primera fase que instalaron en 2011, esta semana serán instaladas 10 y se espera instalar otras 10 en 15 días, a fin de dejar el sistema al 100%, dijo Mauricio Franco.

Un sistema seguro

El Centro Automático de Despacho cuenta con una sala de grabación que trabaja las 24 horas del día y que permanece bajo llave, porque cualquiera no puede pedir una grabación y nadie puede manipular esas imágenes, y una revisión debe ser con orden judicial mediante una  solicitud formal, explicó el secretario de Seguridad. 

“Es un sistema que ha costado más de $14.000 millones a la administración municipal, y de lo que se trata es que el mismo no se vea afectado por unas cámaras instaladas sin que se tenga conocimiento de quién lo hizo, que no tienen mantenimiento, porque el común de la gente lo que dice que es que esos instrumentos de la Policía no sirven para nada”, reiteró el funcionario.

Cámaras privadas

El secretario de Seguridad Ciudadana dijo que la empresa privada y la ciudadanía en general es libre de instalar cámaras de seguridad para su propia protección, las que han servido de apoyo a las autoridades cuando se registra cualquier delito.