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Lunes, 27 Mayo 2019 - 5:30am

Cámara de Comercio le responde al alcalde de Cúcuta

La anulación del laudo arbitral, que le ahorró al municipio $40.000 millones, levantó la polvareda.

Mario Franco
Héctor Jesús Santaella, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, hizo claridad sobre el papel que cumplió el gremio que representa en el caso de Los Coches.
/ Foto: Mario Franco
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Las acusaciones hechas por el alcalde César Rojas la semana pasada contra la Cámara de Comercio de Cúcuta, en relación a que los laudos arbitrales son amañados, llevaron a las directivas de la entidad comercial a desmentir tales afirmaciones por considerarlas erradas y lesivas para su imagen y de los servicios que allí se prestan a los nortesantandereanos.

El caso que levantó la polvareda tiene que ver con la reciente anulación del laudo arbitral que hizo el Consejo de Estado en la demanda que particulares pretendían hacer valer al municipio por una cuantía de 40.000 millones de pesos, relacionada con el contrato de concesión del parqueadero municipal.

El laudo arbitral anulado en segunda instancia había salido en contra del municipio en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y en ello se basó Rojas para hacer tal señalamiento.

En entrevista que el presidente ejecutivo del gremio comercial, Héctor Jesús Santaella Pérez, concedió a La Opinión, el líder gremial le salió al paso de los señalamientos de Rojas, con el ánimo único de hacer claridad a él y a la opinión pública sobre la verdadera actuación que tuvieron la Cámara y del centro de arbitraje y conciliación en el caso de Los Coches.

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(Abogados del Centro se Arbitraje y Conciliación, en una sesión de capacitación.)

¿Es como dice el alcalde César Rojas que en la Cámara de Comercio los laudos arbitrales son amañados?

Error garrafal. Nosotros no expedimos laudos, pero tampoco los expide el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio. Hay un manual, regido por la ley y muy exigente, que ordena el camino a seguir (ver recuadro).

¿Entonces quién los expide?

Los árbitros, y ellos actúan en derecho. De modo tal que en el proceso de Los Coches se surtió todo un rito procedimental para la expedición del laudo arbitral.

¿En el caso que menciona Rojas, de que el laudo arbitral que surgió en el tribunal de arbitramento condenó al municipio, quién escoge a los árbitros?

Recibimos con sorpresa el señalamiento del alcalde, porque ni siquiera es la cámara de comercio ni el centro de arbitraje los que escogen los árbitros. En este punto es bueno aclarar que la escogencia la hicieron las mismas partes, es decir, el municipio y los demandantes, de una lista de abogados que están inscritos ante el centro de arbitraje por exigencia del Ministerio de Justicia.

¿Los árbitros son empleados de la Cámara de Comercio?

Ellos son autónomos. Ni son empleados ni contratistas. no tienen ningún vínculo con la entidad.

¿En el momento en que las partes escogen los árbitros, que papel cumplen la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje y Conciliación?

Ninguno, la única participación nuestra es la de facilitar las instalaciones del Centro de Arbitraje  de conciliación y llega hasta el momento en que se escogen los árbitros y se instala el tribunal. De ahí en adelante el Centro de Arbitraje pierde cualquier facultad, se sale de su jurisdicción lo que ocurra de ahí en adelante.

¿En un caso como el de los Coches, que se surtió en el Centro de Arbitraje y Conciliación, quién responde en caso de una demanda?

Si un laudo llegara a ser amañado toda la responsabilidad penal y procesal  recae en los árbitros. Las partes afectadas pueden demandarlos por prevaricato, por acción o por omisión y ellos (los abogados) pueden perder la tarjeta profesional.

¿Qué efecto puede tener una acusación como la que les hizo el alcalde?

Eso causa mucho daño. Empaña el buen nombre y la buena imagen de la Cámara de Comercio y el Centro de Arbitraje y Conciliación, porque en este último son más de 25 años en los que no hemos tenido ninguna sanción ni de procedimiento penal, legal o civil de alguna autoridad ni del Ministerio de justicia, que es en donde estamos inscritos.

La Opinión

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