De las 1.400 busetas del servicio público que movilizan a los cucuteños y que desde 2012 cumplieron su ciclo de vida útil, con muy pocas se ha cumplido el proceso de chatarrización y, lo peor, continúan movilizando pasajeros.

Lo hacen sin  ninguna resistencia de las autoridades y en muchos de los casos sin tarjeta de operación que les faculta para prestar el servicio.

Estas condiciones, según expertos en transporte público, además de violar la ley están exponiendo al riesgo la seguridad de los pasajeros.

Las quejas de los usuarios que abordan las busetas van desde incomodidad de las sillas, latas rotas, puertas a punto de desprenderse, llantas lisas, sistemas de gases en pésimas condiciones, mal sincronizadas y frenos en mal estado.

María Isabel Casadiego, de 21 años, estudiante de derecho en la universidad Simón Bolívar, y quien emplea a diario este transporte, dijo que no hay día en que no se ensucie de grasa el vestido.

“Las busetas presentan desaseo y muchas latas rotas, lo que representa un peligro”, dijo la universitaria.

Directivos de las empresas Transtonchalá y Transguasimales, aseguraron que el proceso de chatarrización del parque automotor viejo se cumple hace cuatro años.

Esto fue negado por el secretario de Tránsito, José Luis Duarte, quien señaló que las empresas se hacen las de la vista gorda para chatarrizar.

Duarte denunció que tienen en marcha un proceso para identificar el parque automotor que debe ir a chatarrización y que aún se encuentra prestando el servicio.

“Hemos inmovilizado busetas en mal estado”, aseguró Duarte. “La policía ha hecho el acompañamiento hasta dejarlas en los sitios donde se tienen que chatarrizar, pero a los pocos días nos las hemos encontrado de nuevo en la calle llevando pasajeros”.

El funcionario aseguró que inmovilizará a toda buseta que no tenga tarjeta de operación y que haya cumplido su ciclo de vida útil.

Es más, el anterior secretario de Tránsito, Carlos Villadiego, denunció el año pasado que la chatarrización se encontraba congelada porque el ministerio de Tránsito y Transportes había exigido requisitos que no cumplían las desintegradoras de Cúcuta, y eso ocasionaba que los documentos que expedían no fueran válidos ante el municipio.

La chatarrización  de un carro en Cúcuta vale entre 700 mil pesos y un millón.

La Opinión acudió a los directivos de la Asociación de empresas de buses de servicio público para conocer su posición respecto de las denuncias que se hacen por el mal estado del parque automotor, pero al cierre de esta edición no se pronunciaron.

La ley estipula 20 años de vida útil a las busetas de servicio público, pero en Cúcuta en su mayoría  no se cumple con esta ley, según un censo que adelantó Tránsito el año pasado.

Según conoció La Opinión aquellas busetas que pasaron de 20 años ya no están vinculadas a las empresas y que la prestación del servicio se hace de manera informal por parte de los propietarios.

La Opinión