Por considerar que las concesiones del alumbrado público y de los servicios complementarios de la Secretaría de Tránsito Municipal, como las fotomultas, afectan gravemente a la sociedad cucuteña, un grupo de ciudadanos busca activar el mecanismo participativo del referendo derogatorio para tumbar los acuerdos que facultaron al alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas, a celebrar dichos contratos.

Según el exconcejal Pedro Durán, vocero de esta iniciativa, lo que quieren es tumbar dos acuerdos, por considerarlos nocivos para los bolsillos de los cucuteños y para la misma ciudad.

Ayer, Durán y otros ciudadanos presentaron un derecho de petición a la Registraduría Municipal para que informe sobre cómo debe cumplirse el proceso y cuál será el diseño de los formularios para la recolección de firmas.

Jorge Heriberto Moreno, Néstor Martínez, Luis Alberto Gómez, Carlos Jaimes, Rafael Romero, Pedro Murillo, Ronald Peterson y Pedro Durán, son las personas que ayer estamparon sus firmas para liderar este referendo.

Durán precisó que solicitarán este mecanismo por considerar que hay miles de ciudadanos que están insatisfechos con las decisiones del alcalde y del cabildo local.

“En estas últimas semanas hubo un disgusto porque se entregó el alumbrado público a una firma privada, que tiene su sede en Cartagena. Que va a ser la operadora del servicio en condición de concesionaria durante 30 años”, señaló Jorge Heriberto Moreno.

Para el exconcejal Durán eso implica que lo que recauda la ciudad por alumbrado público, que está por alrededor de los $34.000 millones anuales, y que seguramente crecerá mucho más, se le entregue a esta concesionaria que tiene un compromiso de invertir  $91.000 millones en una etapa inicial.

“¡Ese es un negocio muy malo para la ciudad! Ese dinero sale de un 13% de lo que pagan los ciudadanos por su consumo; además, que es terriblemente y perjudicial para el municipio y muy lucrativo para el concesionario”, denunció Durán. 

En cuanto al tema de las fotomultas, los firmantes dijeron que ya hay experiencias como las de Villa del Rosario que muestran que ese sistema es desventajoso, por el hecho de que un privado se quede con el 80% de los tributos que produzca y solo le deje el 20% a  la Secretaría de Tránsito.     

El proceso 

La Registraduría Municipal tiene 15 días para responder el derecho de petición, en el cual se espera que indique cuál es el umbral de firmas para que se pueda llamar a referendo, si procede y cuál será el diseño del documento.

Una vez la registradora municipal señale cuál es el diseño de la encuesta de inmediato se comenzará con la recolección de firmas, cuyo término será de 6 meses, indicó Moreno.

De conseguirse las firmas (según el umbral estipulado por la Registraduría)  y aprobadas las preguntas por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el alcalde César Rojas deberá convocar al referendo para que la comunidad se pronuncie sobre si quiere o no estas concesiones. 

Según los ciudadanos que piden el derogatorio, para poder activar el mecanismo participativo del referendo se necesitan unas 50.000 firmas.