No haberle notificado la diligencia de desalojo a ocho familias de Nueva Esperanza, en la comuna 8, impidió que la inspección de Policía llevara a cabo este procedimiento.

Adelaida Ontiveros, secretaria de Gobierno Municipal, dijo que pese a que Metrovivienda había pedido esta medida desde hace algunos meses, alegando que las familias estaban instaladas en zonas de alto riesgo, la diligencia se tuvo que aplazar por la ausencia de notificación a las familias afectadas.

“Estos predios fueron reinvadidos. Los propietarios de estos lotes recibieron casas del gobierno nacional para su reubicación”, explicó Ontiveros. “Estas personas no entregaron el lote a Metrovivienda, ni demolieron las construcciones como debían hacerlo, por lo que nuevas familias lo reinvadieron”.

Funcionarios de la Inspección de Policía, la Secretaría de Gobierno, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) llegaron hasta las viviendas afectadas para revisar su situación de alto riesgo. El desalojo quedó aplazado.

A mediados del año, Luz Karime Coronel, gerenta de Metrovivienda, señaló que estas familias debían irse y entregar estos lotes cómo zonas verdes, como lo indica la Ley, sin embargo las familias se resistieron a abandonar los predios.

Los invasores se instalaron en los lotes hace ocho meses y se niegan a abandonarlos, alegando que no tienen donde vivir y que le cambiaron la cara a este olvidado sector.

“Como los anteriores dueños no demolieron las casas esto se había convertido en foco de contaminación y delincuencia. Nosotros hemos recuperado este espacio”, dijo una de las invasoras.

Nueva Esperanza fue beneficiado desde el 2008 con el  proyecto de Mejoramiento Integral de Barrios, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desde 2012 se han ejecutado dos fases del proyecto.

Si los predios invadidos no son recuperados el proyecto del BID se podría estancar en este sector de Juan Atalaya y la comunidad se perdería de nuevos beneficios para su barrio.