El alcalde Donamaris Ramírez aseguró que lo están presionando para que no tumbe más antenas de telefonía celular. Sin embargo, hará caso omiso y desmontará 10 de estas estructuras ilegales de radiofrecuencia.

Aunque desde hace un año se comprometió con Cúcuta a desmontar 20 de estos elementos, porque violan el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la promesa no se ha cumplido.

Las quejas de los vecinos de estas torres fueron olvidadas y así los operadores ganaron la batalla, dijo Carlos Hernández, vecino del barrio La Merced, quien convive con la antena más grande de Cúcuta, de propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim.

Los vecinos del sector  señalaron que no vale la pena seguir luchando contra la corriente, pues ni siquiera con la ley de su lado las autoridades  las hacen cumplir.

Las quejas por esta razón ya poco son escuchadas, así lo ha comprobado La Opinión desde hace 10 meses cuando la alcaldía desmontó el primero de estas estructuras en la calle 31 # 38-32, Divina Pastora.

Terminado el desmonte, el secretario de Gobierno de la época Óscar Gerardino, dio a conocer la lista de desmonte de las demás antenas, pero no volvió a poner fecha.

La responsabilidad de tumbar las torres se ha t5ransferido de la secretaría de Gobierno a los inspectores de Policía, y de estos al secretario Jurídico, Mauricio Quintero, quien tampoco da razón del tema.

Nuevamente, el alcalde fue enérgico con sus funcionarios a quien les pidió, por lo menos, bajar la mitad de los elementos antes de que termine el año, lo cual indica que se deberá desmontar en promedio una antena cada tres días, si se empieza desde mañana.

Freddys Parada, edil de la comuna 10, quien no está de acuerdo con que se instalen antenas en su barrio, señaló que aunque no se haya comprobado que las antenas hagan daño a la salud, tampoco se ha descartado que sí causen problemas como cáncer.

Ramírez dijo que el desmonte de las antenas fue frenado luego de que se interpusieron recursos de apelación a las 20 resoluciones de desmonte.

Según la secretaria de Gobierno, Adelaida Ontiveros,  el proceso debe cumplirse.

Sin embargo, la respuesta de siempre es que “se está agotando el recurso de apelación y el proceso se encuentra en jurídica”.

Aunque La Opinión ha consultado al secretario Quintero por el tema, su respuesta usual es la de que “se está cumpliendo con el proceso”, pero no da a conocer ni los avances ni los retrocesos legales.

El alcalde dijo que espera cumplirle a las comunidades que se sienten afectadas.

*La Opinión