Tras un extenso debate en el Concejo de Cúcuta, con 13 votos a favor y 6 en contra, se aprobó la solicitud de la Alcaldía de ajustar el estatuto tributario que incluye una tasa de seguridad.

El nuevo cobro deberá destinarse a aspectos como el mantenimiento y expansión de cámaras de seguridad, mejoramiento de la línea 123, adquisición de equipos de comunicación, fortalecimiento de pie de fuerza, y otros que hoy en día no puede financiar la Alcaldía.

Aunque se prevé que dicha tasa sea incluida en la factura de energía, será el alcalde César Rojas quien defina cuánto cobrará por estrato, con base en los topes de la tarifa estimados en el Concejo, y cuál será el mecanismo de recaudo.

Según el concejal Bachir Mirep, la aprobación de dicha tasa obliga al mandatario a presentar un estudio de necesidad y plan de inversiones ante el Concejo para poder iniciar el cobro; cuando lo haga, el Concejo establecerá un límite de tiempo para el mismo.

Aunque conceptos jurídicos de la Comisión de Energía y Gas (Creg) indican que es improcedente cobrar esta tasa vía factura del servicio de energía, al ser valores que no responden a la naturaleza del servicio público domiciliario, el trasfondo de la tasa va más allá del encarecimiento de los recibos.

Extraoficialmente se dijo que el objetivo es la creación futura de una alianza público-privada para presuntamente concesionar por años la destinación de los recursos que se prevé recaudar, estimados entre 400 a 500 millones de pesos mensuales, es decir, 4.800 a 5 mil millones de pesos anuales.

Sin embargo, se indicó que la función policiva es indelegable, por lo tanto dicha concesión no sería posible, pero corresponde a los órganos de control y ciudadanos vigilar la destinación de los dineros.

En desarrollo del debate, el concejal Leonardo Jácome explicó que la aprobación de la tasa “generó mucho ruido”, pero que “aquí no estamos aprobando nada que dañe a los cucuteños”.

“Lo que se hace es reconocer la tasa en el estatuto tributario”, dijo, y señaló que será el alcalde quien la reglamente por acuerdo.

Así mismo, indicó que la necesidad de este recaudo se da por las condiciones mismas de la ciudad, que hoy tiene 309 cámaras de vigilancia pero para lograr una cobertura total se requieren 1.500, y su mantenimiento, pasados los dos años que cubre la garantía, se debe dar por cuenta del municipio.

Agregó que de la primera fase de las cámaras entregadas por el Gobierno Nacional, hay 53 que deben ser cambiadas, y para ello no hay recursos suficientes, así como para mantener los 180 kilómetros de fibra óptica existentes.

“No les debe preocupar lo de la tasa, porque aunque sí queremos cámaras, será con un estudio financiero”, insistió.

Por su parte, el concejal Óscar Sanabria, declaró que la tasa se convertirá en una inversión, y que “en temas de seguridad no podemos ser indolentes”, lo cual implica entender que “no podemos exigir resultados con las uñas”.

Ahora, el alcalde tendrá 120 días para remitir al Concejo otro proyecto que incluya un estudio de necesidad, económico-financiero, con un plan de inversiones detallado que justifique la aplicación de la tasa según los rangos máximos establecidos por la corporación.

Los concejales que aprobaron la iniciativa fueron: Óscar Sanabria, Bachir Mirep, Víctor Suárez, Leonardo Jácome, Felipe Corzo, Miguel Ángel Flórez, Carlos Abreo, Oswaldo Rincón, César Torres, Yilmar Gerardino, Nelson Ovalles, Óscar Angarita, y Carlos Camero. 

En otras ciudades

La polémica por este cobro no es exclusivo de Cúcuta, pues la tasa se cobra también en Barranquilla y en el Valle del Cauca.

Vale decir que en este último caso, el  tributo lo pagan estratos 4, 5 y 6, comercios y empresas y en dos años de facturación se han recaudado más de 25 mil millones de pesos.

Allí, la inversión hasta octubre, según el portal La Silla Vacía, ha sido para comprar vehículos para la fuerza pública y 121 de las 131 cámaras de seguridad que necesitan unos 30 municipios.

Cambios del estatuto

Según se expuso en el debate, el estatuto genera algunos beneficios como:

1. Reducción en un 2% del impuesto predial, para estratos 1, 2 y 3 del municipio.

2. Se establecieron exenciones tributarias en predial e industria y comercio para las nuevas inversiones privadas que generen empleo formal, industria y centros comerciales.

3. Se incorporaron las Zonas de Estacionamiento Regulado (Zer) para reglamentar el parqueo de vehículos en las vías públicas de Cúcuta, en las zonas céntrica y comercial.

4. Posibilita el pago del impuesto predial en cuatro trimestres.

5. Unificación de las nomenclaturas de industria y comercio.

6. Se establece la tarifa de la sobretasa bomberil, incluida en el tributo de industria y comercio.