El alcalde, César Rojas, y 13 concejales que le concedieron facultades y aprobaron el proyecto de acuerdo 044, para concesionar el alumbrado público de Cúcuta, deberán acreditar a la Procuraduría que todos los elementos jurídicos, técnicos y financieros que se tuvieron en cuenta para la aprobación y contratación encajan en las leyes.

La Procuraduría para la moralidad pública ya empezó a notificarles la apertura de una investigación disciplinaria a los implicados concejales que dieron voto positivo al citado acuerdo, entre los que se encuentran Carlos Alberto Abreo, Oscar Angarita, Carlos Camero, Juan Carlos Capacho, Juan Felipe Corzo, Miguel Ángel Flórez, Yilmar Antonio Gerardino, Guillermo León Báez, Jaime Ricardo Marthey, Bachir Mirep Corona, Nelson E. Parada y Nelly Santafé.

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La Procuraduría Provincial inició de oficio el proceso  preventivo, consignando en el informe del 18 de julio de 2017 tres hechos que a la postre dieron origen a la  apertura de la investigación disciplinaria: 

1. Presuntas irregularidades en un acuerdo anterior, el 030 de 2016, por el cual se autoriza al alcalde de Cúcuta a comprometer vigencias futuras hasta por 30 años, y se autoriza para suscribir un contrato de concesión para la prestación integral del servicio de alumbrado público por 30 años.

2. Pese a que el contrato ya estaba suscrito entre las partes, no se observaron documentos y requisitos en la página del Secop, entre otros el certificado de disponibilidad presupuestal.

3. Revisado el contrato se observó que se estableció  por un valor indeterminado y por un plazo de 30 años, sin embargo, en el pantallazo del Secop figuraba una cuantía por un valor de $91.358 millones.

Estos hallazgos, sumados a la no presentación de  la información completa que solicitó el órgano de control a la mesa directiva del Concejo de la época, para verificar el cumplimiento del lleno de los requisitos para que se procediera con la aprobación del acuerdo 044, valieron para que la Procuraduría para la moralidad pública diera inicio a la acción disciplinaria, ‘por cuanto se encontraron identificados los posibles autores de las conductas constitutiva de falta disciplinaria’, señala el ente de control.

El concejal Bachir Mirep Corona, en la plenaria que se celebró ayer habló en representación del cabildo en torno a la investigación que se encuentra en curso, aclarando que aún no a todos los 13 concejales que aprobaron el citado acuerdo se les ha cursado la notificación de la investigación.

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No obstante, dijo que los concejales “estamos en el deber político y jurídico en acatar este tipo de investigaciones y de colaborar con las autoridades”.

Aclaró que esto no implica que haya responsables o que se hayan hecho las cosas indebidamente, por el contrario, nos va a servir para hacer claridad a la ciudadanía de que las cosas se hicieron de manera responsables y acorde a la ley.

Reseñó que en 2016, cuando se procedió con las facultades al alcalde (los concejales) lo hicimos con base en unos estudios de prefactibilidad que allegó el alcalde (César Rojas), además de que el proyecto estaba declarado estratégico en el Plan de Desarrollo Municipal, ‘de manera que había una planeación importante’.

Añadió que cuando Rojas inició el mandato en 2016 no se dio una planeación de las administraciones anteriores para que el municipio asumiese de manera directa el servicio de alumbrado.

Bachir señaló que no se puede satanizar al sector privado.

Dijo que si ha habido alguna inconsistencia o imcumplimiento del alumbrado público, obedece a la etapa contractual, dado que en la precontractual el Concejo invitó a los órganos de control a los debates.

La Opinión conoció que la alcaldía está reuniendo toda la información de la concesión de alumbrado para presentarla a la Procuraduría.