El concejal Oliverio Castellanos encendió las alarmas sobre los posibles riesgos a los que se pueda ver enfrentada la Central de Transporte Estación Cúcuta en desarrollo del proceso modernizador que emprendieron las directivas.

Según dijo, ya se inició la supresión de cargos de la planta de personal, pero no se conoce bajo qué clase de estudios técnicos, jurídicos y financieros se avanza en este proceso. En tal sentido, pidió un inmediato control político para que las directivas expliquen lo que pasa.

En carta a la secretaría de la corporación, Castellanos pidió a la Central de Transporte Estación Cúcuta que presente los soportes que sustenten la provisión de pagos extrajudiciales y judiciales de posibles indemnizaciones de los trabajadores retirados del servicio, “con el propósito de que se eviten posibles querellas en contra del municipio por las decisiones de la entidad”.

Al ser indagado sobre esta alerta, el gerente de la entidad transportadora, Oscar Sandoval, explicó que la modernización se cumple desde hace un año como lo estableció el acuerdo 031 de 2016. Adujo que la entidad es inviable financieramente: “No tenemos cómo sostener la planta de personal”, dijo, y señaló que la Superintendencia de Puertos y Transportes descubrió “que no cumplimos con los elementos esenciales para poder prestar un servicio eficiente, por eso estamos actuando”.

Dijo que además la entidad venía golpeada en lo financiero, con acreencias impagas por unos 4 mil millones, y con un déficit de 1 mil 200 millones de pesos.

Sandoval dijo que trazó cuatro estrategias para sanear la entidad: restructuración de la planta de personal, con la supresión de 21 cargos; debido cobro de cartera (se está alcanzando la meta: casi 120 demandas en 18 meses); control del transporte informal, y control de empresas transportadoras para prevenir evasión y elusión de la tasa de uso.

En lo que tiene que ver con los trabajadores despedidos, Sandoval señaló que se les está respetando sus derechos. “Ellos tienen dos opciones: acogerse a la indemnización (recursos garantizados con dineros recibidos por la venta del lote de Alonsito), o su reincorporación en otra entidad pública del país.