La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó a la Superintendencia de Salud retirarle a la Entidad Prestadora de Salud (EPS) Medimás la habilitación para operar, mantiene en incertidumbre a los 3.8 millones de sus afiliados a la entidad, más de 370 mil de ellos en Norte de Santander (más de 260 mil en Cúcuta), quienes no saben qué pasará con su atención médica, pues el Gobierno no ha revelado a dónde podrían ser trasladados.

La EPS más grande del país lleva 21 meses como Medimás, tras su nacimiento de la liquidación SaludCoop, primero, y Cafesalud, después. De acuerdo con Nicolás Salazar Bautista, quien es veedor de la salud y, además, paciente de este ente, los únicos perjudicados de esta medida son los afiliados.

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Manifestó que cuando cerraron la Clínica La Salle, en Cúcuta, los usuarios empezaron a ser atendidos en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), cuando lo idóneo debió haber sido darle la oportunidad al centro médico de subsanar sus fallas y continuar laborando, para no contribuir al colapso de los servicios del Huem.

“¿Cómo va a ser ese traslado? No lo sabemos. Están diciendo que nos van a indicar en cuál EPS vamos a quedar y esto viola el derecho fundamental de la libre escogencia, contemplado en la Ley 793. Esto es un grave error”, agregó.

Para Salazar, el panorama más oscuro es para los usuarios con tutelas, quienes tienen enfermedades de alto costo y necesitan medicamentos no POS (Plan Obligatorio de Salud), pues el cambio de EPS generaría un retraso en el suministro de medicinas y servicios y tampoco se sabe si se respetarán estas medidas judiciales.

“Se interrumpen lo servicios o tratamientos, mientras se hacen los trasladados a otras EPS y estas reciben todas las historias clínicas de los paciente. Sería volver a empezar el trámite de tutela con una nueva entidad”.

El veedor afirmó que la decisión del tribunal es apelable, por lo que se mostró en desacuerdo con que el ministro de Salud Juan Pablo Uribe esté hablando del transferencia de afiliados, lo que favorecería los intereses de otras instituciones.

“Se le está creando zozobra a los usuarios, cuando ni siquiera se ha esperado que Medimás se defienda de esa decisión”, enfatizó.

Nicolás Salazar sostuvo que estas situaciones surgen porque no hay control y vigilancia de la Supersalud, “un ente burocrático que no hace su trabajo” y que no se da cuenta a tiempo de las fallas en las EPS, actuando cuando ya los recursos se han perdido o no hay nada qué hacer.

¿Qué dicen los afiliados?

La Opinión consultó a algunos afiliados sobre la medida contra su EPS y reiteraron la incertidumbre en la que se encuentran, por desconocer “qué va a pasar con tantas cosas que se dicen”, como lo resaltó Martín Cardozo, paciente desde que era SaludCoop.

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“Uno no sabe en cuál EPS va a quedar. Puede quedar en una peor, como puede que lo manden para una que funcione más o menos bien, pero casi todas están iguales”, añadió Cardozo quien subrayó que Medimás ha tenido altos y bajos, pero últimamente ha estado funcionado bien.

“Me parece injusta la decisión, porque uno paga la salud en la entidad que uno quiere, no pueden ahora el Gobierno y las autoridades agarrarlo a uno como un títere y moverlo para allí o para allá. Es una falta de respeto para los usuarios”, profirió José Ricardo Rico, usuario desde hace 25 años.

“¿Para dónde nos irán a mandar?”, es la pregunta que se hace Mariana Acosta, afiliada desde que se llamaba SaludCoop y quien señaló que lo ideal sería que mejoran los servicios, porque es “horrible” la atención.

Medimás continúa sus operaciones con normalidad mientras se define en segunda instancia judicial su situación.