El  mal comportamiento que tienen los cucuteños frente a la violación de las normas de construcción no solo tienen en jaque a las autoridades sino que peligrosamente ponen en riesgo la convivencia ciudadana .

En solo tres meses del año las cifras son dicientes: la comunidad ha impuesto 72 quejas contra infractores de las normas urbanísticas en la Secretaría de Planeación, por construcciones mal hechas.

La más frecuente de las quejas es la construcción sin licencia, una actividad ilegal que hace carrera en Cúcuta y que no ha sido frenada por las autoridades. Otras recurrentes son construir fuera de parámetros, la invasión del espacio público, edificaciones que amenazan ruina y contaminación auditiva.  

Este año, 15 personas denunciaron que hay obras civiles que invaden el espacio público, 8 se quejaron porque en su vecindario hay obras descuidadas, en 6 denuncias hubo violación de propiedad privada y 5 denunciaron obras mal elaboradas que afectan sus predios.

El más  reciente de los casos, es el que viven los dueños de 12 viviendas en el barrio Lleras Restrepo, que dijeron estar a punto de quedar en la calle, por los daños estructurales  que les causa el proyecto habitacional Delta Park, de la avenida 0 N° 0-37.

Yuddi Ortega,quien  vive en la calle 0 N° 0-91, dijo que el parqueadero donde vive empezó a agrietarse y tiene miedo de que se repita la tragedia que vivieron residentes del edificio Space (edificio que se derrumbó en Medellín), porque la obra vecina socavó la tierra bajo sus casas. Los constructores de Delta Park dijeron que responderán.

Según el secretario de Planeación Municipal, Orlando Joves, las infracciones urbanísticas en Cúcuta son muy comunes, pueden verse en cualquier barrio, sea de ricos o de pobres, en cualquier dirección y de cualquier manera.

En los últimos 14 años se han reportado 9.197 casos por diferencias entre vecinos, que fueron puestos en conocimiento de la Inspección Especial de Policía y la Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad ciudadana.

Pese a que muchas disputas se arreglan sin recurrir a la violencia, hay pleitos como el que hay entre Gladys Díaz  y Yoid Pérez, vecinos de San Martín,   que han terminado en denuncias penales.

Díaz señala que ha acudido a todas las instancias porque se están robando 2 metros con 80 centímetros, que corresponde al antejardín, y pide que se derrumbe un muro; Pérez se defiende y dice que compró un lote desde hace más de 8 años, pero es la vecina la que los ha atacado tumbándoles una pared con porras, por lo cual la han denunciado por perturbación de la posesión en la secretaría de Gobierno.  

Joves indicó que estas quejas, que desgastan el aparato administrativo de la alcaldía de Cúcuta, pudieran no existir si simplemente los cucuteños fueran respetuosos de las normas de construcción y cumplieran los requisitos que ordena el Plan de Ordenamiento Territorial.

¿Por qué los cucuteños construyen como les da la gana?
 
Agrega el secretario de Planeación que es un tema de cultural, que de alguna manera ha sido tolerado por las autoridades,  la que conlleva a que, por ejemplo,  nadie pida permisos para hacer reformas en sus propiedades.

El reciente estudio de percepción ciudadana Cúcuta Cómo Vamos, liderado por la Cámara de Comercio con el apoyo de La Opinión y la empresa privada, que encuestó a 1.009 personas de todos los estratos y zonas de la ciudad, señala que solo el 25% de los encuestados opinaron que hay un buen comportamiento de los cucuteños frente a las normas de construcción.

¿No hay autoridades?

Para Édgar Armando Rozo Vera, único inspector de Policía de Control Urbano de Cúcuta, responsable de que los cucuteños no cometan infracciones urbanísticas, ni con un equipo de 20 inspectores de Policía se daría abasto con la cantidad de procesos en fila.

El inspector se defendió y dijo que en los últimos años la Inspección de Control Urbano ha cerrado al menos  80 establecimientos de comercio (0,8% del total de casos denunciados por Planeación en 14 años) por contravención a la norma, pero hace acotación que otros  casos se han resuelto en las otras inspecciones de Policía.

Rozo dijo que muchos de los casos comúnmente denunciados son por problemas de filtraciones o humedades, que realmente desde el punto de vista de la sanción no corresponde a la aplicación de una multa, y que naturalmente tienen todo el desgaste al igual que un proceso sancionatorio como sanción urbanística.

Agregó el inspector que se requiere un cambio urgente al código de Policía de escritural a oral, para que el procedimiento no sea tan desgastante y esté en consonancia con lo que ocurre en los países del primer mundo.

Según Rozo, la legislación actual obliga a que los inspectores a hacer un auto, notificarlo al ministerio público, regresarlo al despacho, llamar a la persona, esperar a que responda e iniciar un proceso civil  lo cual puede tardar meses, incluso, como en la mayoría de casos, años.

Dijo el inspector que a Inspección de Control Urbano ha dado trámite a unas 55 denuncias por infracciones urbanísticas este 2016.

La falta de control y seguimiento a las infracciones urbanísticas no solo han generado un gran impacto urbanístico negativo en la ciudad, sino que también se ha afectado el recaudo por concepto de multas.

De las 641 denuncias por infracciones urbanísticas reportadas en 2015, la oficina de recaudos de la secretaría de Hacienda reportó que solo 4 personas pagaron 417 mil 700 pesos por multas establecidas en el Código de Policía y 34 personas pagaron 3 millones 787 mil pesos por concepto de multas aplicadas por la secretaría de Gobierno. Una cifra irrisoria, lo cual demuestra la falta de autoridad.  

Cúcuta crece desbordadamente

Gustavo Adolfo Restrepo, arquitecto, con especialización en urbanismo, dedicado a la docencia en varias universidades colombianas y al estudio del desarrollo de las ciudades, señaló a La Opinión que las ciudades sufren generalmente por falta de planificación integral  y que se ha demostrado falta de gestión por la gran mayoría de nuestras alcaldías.

Dijo que es fundamental estructurar un sistema de protección en áreas de riesgo, que hoy están siendo invadidas sin control.

“El POT es el instrumento y nuestras municipalidades en un porcentaje alto no cuentan con los profesionales idóneos. Los administradores de turno nombran en puestos públicos  a personas incapaces de resolver lo técnico. Muchos de nuestros municipios no gestionan, no saben de lo público y no tienen  capacidad de control”, señaló.

Dijo que como en el caso Space de Medellín  hay cientos de proyectos públicos y  privados en todo el país que aún no se han denunciado por falta de garantías a los usuarios.