Una solución de fondo para tres grandes conflictos que afectan a Cúcuta desde hace más de 40 años empezó a abrirse camino con la firma del pacto social que se firmó entre la Alcaldía y representantes de las fuerzas vivas locales.

Los conflictos tienen que ver con la invasión del espacio público en el centro, la falta de transporte público para las comunidades del noroccidente, y por último, la afectación de la movilidad en cercanías de colegios de la zona céntrica.

Son problemas con los que han convivido las comunidades desde décadas atrás, sin que los disgobiernos les hayan dado una solución de plano, salvo ahora que nos proponemos, entre todos, a encontrarles salidas concertadas, dijo el alcalde, César Rojas.

El pacto es concebido como un proyecto de cooperación del cual forman parte la alcaldía, la agencia alemana GIZ y su programa ProPaz, al igual que representantes de la academia, los gremios, las comunidades y los mismos promotores de los problemas, señaló el coordinador de la iniciativa, Harold Ramírez.

El pacto social aspira a reconvertir laboralmente a los pimpineros que ocupaban el espacio público.

En un primer paso en dirección en busca de las raíces del problema, GIZ capacitó en resolución de conflictos a 20 representantes de la coimunidad, quienes se encargaran de ser los facilitadores ante las instancias gubernamentales.

Ángela Barajas, al frente del conflicto de invasión del espacio público con las ventas callejeras, dijo que se están analizando las variables posibles en busca de determinar las soluciones del problema, “de la mano con todos los actores de la invasión”.

El diagnóstico hasta ahora señala que la mayor ocupación del espacio público se produce durante los fines de semana y son las mujeres y los niños, en su mayoría, quienes están al frente de las ventas.

Eliana Rincón, quien abordó el conflicto que viven las comunidades del noroccidente por la ausencia de transporte público colectivo, señaló que los vecinos de barrios como Las Delicias deben recorrer a pie dos kilómetros por carretera destapada para abordar el transporte que los llevará a sus lugares de trabajo o movilizarse al centro de la ciudad, “lo cual se convierte en un problema grave para la seguridad de mujeres y niños, en especial en horas de la noche”.

Los vecinos poco participan en la toma de decisiones y aunque las autoridades conocen el problema y se han instalado varias mesas de trabajo para abordar el problema, “una solución nunca se ha concretado”, dijo Rincón.

En cuanto al tercer conflicto, la afectación de la movilidad en los alrededores de los colegios, el facilitador Edwin Becerra, sostuvo que una situación que alimenta el conflicto tiene que ver con las ventas informales y las formales.

Otras soluciones

Los promotores del pacto social dicen que con la iniciativa se cambiará la forma de administrar para la solución de conflictos que afectan la ciudad. 

Ejemplo de ello es el programa Mercados al barrio que despegó el domingo anterior y con el cual se busca sacar del espacio público a los vendedores informales que están en el centro de la ciudad.

Ya 40 de ellos dieron el primer paso y luego seguirán otros doscientos con los que ya se dialoga. “La idea el año entrante que el vendedor callejero que salga del espacio público no vuelva más a las calles y, a cambio, se siga ganando su sustento en los mercados campesinos.

Igual sucedió con los pimpineros en programas de recolección de aceites, calzado y talleres de mecánica de motocicletas, en los cuales hay distribuidos 130.