Un total de 67 asesinatos de venezolanos en 2018 en Norte de Santander, según datos de la Fundación Progresar, constituyen una cifra alarmante relacionada con un fenómeno del que poco se habla, y menos, se actúa.

Así lo señala Wilfredo Cañizares, director de la Fundación, quien recordó que en 2018, del total de casos, 

44 ocurrieron en el área metropolitana de Cúcuta, y 21, en la capital: en total, 6 mujeres y 61 hombres víctimas. En su orden, Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario, El Tarra y Ocaña, son los municipios en donde más fueron asesinados.

“Llama la atención que estos homicidios han ocurrido en Cúcuta y se concentran allí y no en el Catatumbo, en donde el tema de la inseguridad y la presencia de grupos armados es evidente”, dijo. “La ciudad que concentra todas las estrategias de seguridad y la fuerza pública, es donde está el mayor número”.

Según la Fundación, sobre el Catatumbo, los homicidios son asociados con grupos guerrilleros, aunque no en todos los casos. 

“De lo que hemos podido conversar con las organizaciones locales es gente que llega a buscar qué hacer, sin documentos en algunos casos, y en otros, tratando de vincularse a actividades como el raspado de la hoja de coca”, comentó. “En su mayoría, los homicidios los ha cometido la guerrilla, pero en el área metropolitana y Cúcuta la situación es más difusa”.

Aquí, los hechos se vinculan con el desarrollo de actividades de economía informal, o actividades abiertamente ilegales.

“Si bien es cierto que somos una zona de frontera, hay ciudades en las que hay muchos más venezolanos pero no los están matando como en Cúcuta”, agregó.  

Afirmó que preocupa el silencio de las autoridades, incluido el Gobierno Nacional, pues se convirtió del tema “nadie habla”, “en medio de un discurso oficial de protección y de garantías a los venezolanos en Colombia”. 

Luis Fernando Niño, secretario departamental de Víctimas afirmó que preocupan tres fenómenos: las muertes selectivas en Tibú, y La Gabarra, “que tiene mucho que ver con las economías ilegales que allí se dan”; las muertes en Cúcuta, que incluso terminaron en una reciente masacre en el barrio Torcoroma II; y “las famosas fosas y casas de pique y desaparición, ya denunciadas y señaladas”.

El funcionario manifestó que las disputas territoriales dejan varias muertes de personas entre 16 y 23 años, que conviven en los dos territorios de frontera, sujetos a economías ilícitas, en presencia de estructuras como el frente Germán Velasco del Eln, el Clan del Golfo, Los Rastrojos y la banda 'La Línea'.

(Las actividades ilegales constituyen los principales riesgos.)

Otros datos

Según un informe de Refugees International de enero de 2019, la gran mayoría de los migrantes de ingresan por Norte de Santander de manera irregular se quedan en Colombia, y su falta de documentos los conduce a los grupos armados criminales.

Estos, los reclutan para cultivar coca, transportar drogas o los explotan como trabajadores sexuales.

“En definitiva, la afluencia de refugiados y migrantes venezolanos parece estar exacerbando el conflicto interno colombiano al fomentar las actividades ilícitas de los grupos armados, como la producción de coca”, dice el documento. “Al mismo tiempo, el conflicto armado colombiano genera grandes peligros para los venezolanos que llegan”, no solo en la región, sino también en Arauca, Nariño, y Putumayo donde se repiten estas situaciones.