Mil trescientas familias cucuteñas están pagando su primiparada con una urbanizadora de vivienda que les vendió el que sería su techo, pero que seis años después no han podido habitar. Se sienten estafadas.

Carlos Castillo, uno de los jefes de hogar afectados, dijo que no tiene explicación para lo que les hace la Sociedad de Vivienda de Atalaya (Sodeva), a la que cada una de las mil 300 familias entregó la suma de seis millones y medio de pesos por el lote donde construirían su propia casa.

“Nos metimos en este proyecto, porque vimos que todo era, en apariencia, legal”, dice Castillo, quien luego de más de seis años de no tener noticias de los lotes asumió por cuenta propia la defensa de todas las familias víctimas.

El terreno negociado está a un costado del anillo vial occidental en la vía Puerto Santander-El Zulia.

“Sodeva nos mostró escrituras de propiedad del terreno y las cartas catastrales de cada uno de los lotes que nos vendió, lo cual nos pareció que encajaba dentro de lo legal y por eso después de haber esperado tanto tiempo por una oportunidad para tener casa propia nos embarcamos en el proyecto y pagamos”, relató Castillo.

La primera gran sorpresa fue cuando los compradores fueron al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a preguntar por la propiedad de los terrenos que habían comprado para sus viviendas.

“Nos dijeron que pertenecían a Juan Carlos García y Amanda Ordoñez de García, lo que dejaba claro que no eran de propiedad de Sodeva cuando nos los ofrecieron”, dijo Castillo.

Pero esto no fue todo lo que se descubrió: en julio del presente año el Igac procedió mediante resolución 5400113222015 a  declarar la cancelación de los predios y la Libertad y Tradición de los mencionados lotes, lo que remató las esperanzas de las mil 300 familias.

A partir de entonces, Castillo inició una lucha en busca de  recuperar el capital pagado por los lotes a Sodeva y a su intermediario Pablo Santos, unos $8 mil 450 millones.

Lo primero que hicieron fue denunciar a Sodeva ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo por el atropello del que fueron víctimas.

La Opinión conoció que La Fiscalía tiene abiertos 27 investigaciones contra urbanizadores piratas en Cúcuta.

El viernes pasado Castillo y varias familias afectadas se acercaron a las oficinas de Sodeva por una respuesta y lo único que les dijo Antonio Aparicio Prieto, apoderado del representante legal de la urbanizadora, Henry Patiño, fue  que estaban tratando de encontrar otro terreno para reubicarlos, en cercanías de la urbanización Cormoranes. 

Patiño pidió paciencia en una carta a los afectados y prometió dar una solución antes de que finalice el presente año. Ayer, Castillo reveló que el terreno al que piensa enviarlos Sodeva, tampoco es de propiedad de esta urbanizadora.

*Redacción La Opinión