La asamblea general de accionistas del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., en reorganización, programada para ayer en la mañana en las instalaciones de la Corporación Tennis Golf Club, no se pudo realizar porque los libros y documentos que exige la ley no pudieron ser revisados por los asambleístas.

El vicepresidente de la institución, Juan Carlos Paredes López, quien dirigió la reunión, de común acuerdo con los asistentes consiguió, hábilmente, aplazar el nuevo encuentro para dentro de quince días hábiles.

El encuentro comenzó con el 84 por ciento de los poseedores de acciones, que corresponde a 673.060 de un total de 792.812, y dejó de manifiesto la posición del directivo, quien dilatando los diálogos logró que los asistentes  se agotaran físicamente por la extensa jornada.

Entre los asistentes había un grupo de socios minoritarios que tuvo un rifirrafe con el abogado Paredes, pero con el paso de los minutos bajo de tono y la reunión pudo llevarse a cabo. El presidente de la institución deportiva, José Augusto Cadena Mora, como es costumbre, no asistió.

El conversatorio contó con la presencia de Rafael Arias Espinosa y Andrés Tamayo, funcionarios de la Dimayor y de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes fueron invitados por el equipo.

Sentimiento del hincha

El vicepresidente Paredes tocó el sentimiento de los hinchas al señalar que el equipo pasa por una grave crisis financiera  que se ve reflejada en sus cuentas, y que si bien están contentos por el trato dado por las autoridades de Zipaquirá, son conscientes que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.

Señaló que el Cúcuta Deportivo en 2016 recibió de la Dimayor $2.935’.047.945 por derechos de televisión y publicidad.  

El impacto de las palabras de Paredes hizo que se conformara una comisión compuesta por Wilmer Buitrago, César Fernández Elcure y Pedro Mora Jaramillo, con el fin de acompañar al directivo para dialogar con el gobernador William Villamizar y el alcalde César Rojas, y solicitar mejores condiciones para regresar a la ciudad.

Paredes explicó que el impuesto del arrendamiento del estadio pasó de $1’111.111, en la época del alcalde Donamaris Ramírez, a más de cuatro millones de pesos en la nueva administración.

Por ahora los hinchas motilones tendrán que seguir esperando que un posible diálogo entre el socio mayor accionista del club y las autoridades de la ciudad llegue a buen término, para pensar en volver a ver a su amado equipo rojinegro jugando en el estadio General Santander.