Cuando todo parecía indicar que el Cúcuta Deportivo iba a ser liquidado judicialmente, los acreedores Alcaldía de Cúcuta y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes (IMRD) acordaron dar, nuevamente, una prórroga para que el equipo se ponga al día con sus incumplimientos en los pagos de la deuda vencida, en el marco del proceso de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades. 

En la tensa audiencia se acordó que el club rojinegro tiene que pagar al Imrd 910 millones en un plazo de 15 días hábiles mientras que a la Alcaldía 350 millones, en un plazo de 30 días, antes de verse las caras el 24 de septiembre, cuando se retome la audiencia por tercera vez. 

A este encuentro, desarrollado desde la virtualidad, también asistieron otros acreedores con quienes no se tuvo mayor inconveniente para acordar reuniones y evaluar las situaciones.

Buscando descuentos

Desde la semana pasada, en lo que parece una jugada estratégica buscando llegar a un acuerdo antes de la audiencia, el Cúcuta Deportivo se comunicó con la Alcaldía y el Imrd con el fin de que se les aplicaran los beneficios tributarios estipulados en el Decreto 149 de 2020. 

Allí se contempla que “Hasta el 31 de octubre de 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses ni sanciones, entre el 1 de noviembre de 2020 y hasta el 31 diciembre se pagara el 90% del capital sin intereses ni sanciones y entre el 1 de enero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021 se pagara el 100% del capital sin intereses ni sanciones”.

La Alcaldía aceptó la solicitud y bajó la deuda de 452 millones (incumplimientos en el pago desde marzo de 2018 provenientes de impuestos) a 350 millones. 

“De la mano con la Secretaria de Hacienda, vimos que era viable aceptar al equipo en los descuentos. Es una oportunidad interesante que se les da para que salgan de esta situación. La preocupación es que no queremos seguir con nuevos plazos. Es obligación de nosotros cobrar esos recursos, que son públicos. Sé que van a pagar y en 15 días veremos si tienen intención de pago”, aseguró Marcela Rodríguez, jurídica que representó a la Alcaldía. 

A la fecha, el Cúcuta acumula 10 cuotas vencidas. Para quedar libre en el proceso de reorganización con la Alcaldía, el rojinegro deberá pagar 560 millones.  

Por su parte, el Imrd decidió no aceptar estos descuentos y obligó al equipo pagar los 910 millones adeudados de inmediato. 

Propuesta rechazada 

Antes de acordar los nuevos plazos, la audiencia estuvo en una instancia en la que parecía tener definida la liquidación del equipo, pues no se llegaba a ningún acuerdo. 

El rojinegro le ofreció 100 millones de pesos a la Alcaldía para cancelar antes del 14 de septiembre y pagar el restante de lo atrasado en noviembre, poniendo sobre la mesa unos lotes del club, como garantía. Por su parte al Imrd le ofreció 20 millones de pesos.

Juan Carlos Paredes, abogado del Cúcuta Deportivo, reiteró en diferentes oportunidades que la industria del fútbol estaba parada a causa de la pandemia, limitando el ingreso de los recursos al club, y como consecuencia, la pagos a la deuda. 

Asimismo justificó los incumplimientos por haber “confiado en el dinero de la venta de los derechos de la televisión internacional”, los cuales nunca llegaron. 

Las ofertas  fueron rechazadas. 

Acusación de querer liquidar 

“Sorprendido con la actitud de la Alcaldía. La decisión simple y llanamente del alcalde, es liquidar. Es una decisión política del alcalde Jairo Yáñez”, afirmaba Paredes quien además subrayó que el equipo tiene la intención de pagar.

Misael Zambrano, jurídico del Imrd, le replicó que diciendo que el único responsable de una posible liquidación del equipo era el mismo Cúcuta Deportivo, quien no cumplió con los pagos. 

Por su parte, el alcalde Jairo Yáñez, dijo en ese momento que no quería generar polémica. “No estamos para nada de acuerdo con los comentarios del abogado (Paredes) de la compañía. Es una compañía que no ha demostrado voluntad pago”. 

En el desarrollo de la audiencia, tanto el Imrd como la Alcaldía, fueron enfáticos en que el dinero se necesitaba inmediatamente. 

La directora encargada del Imrd, Adelia Rincón, intervino asegurando que el incumplimiento viene desde el 2018. “Nosotros en ningún momento tenemos la intención de que se liquide. Necesitamos la cancelación inmediata. Amamos el fútbol, pero debemos ser responsables”, dijo.

El rifirrafe entre Paredes y los acreedores, surgió luego de las primeras intervenciones de Zambrano, al que acusó de querer liquidar al equipo desde que representó a Wilson Carpintero, un exjugador motilón que estuvo en el proceso de reorganización. 

Pero todo se empezó a apaciguar cuando Paredes, quien al ver la inminente decisión de la juez en su contra, como última jugada preguntó “para que no me quede el remordimiento, ¿a qué se refieren cuando dicen pagar inmediatamente?”. 

De ahí, fijaron los plazos de 15 y 30 días. 

La quejas de Cadena

Ya cuando el camino estaba ablandado para un nuevo plazo, el presidente del Cúcuta Deportivo, José Augusto Cadena, pidió la palabra y se despachó en quejas. 

“Podríamos recibir ayudas, pero no, no recibimos. Pagamos los impuestos más altos, el 20% de taquilla. Nunca han demostrado un buen ánimo para salvar a la compañía”, dijo el cuestionado dirigente. 

Asimismo aseguró que en la ciudad no hay trabajo y que el Cúcuta da 100 trabajos directos y otras más de manera indirecta. 

“¿Ustedes creen que la liquidación llevaría a darles dinero? Se quedan con un cascarón porque la ficha que le permite el uso y el derecho para competir, hace parte de la Dimayor y sin ella no podrán jugar”, añadió Cadena, propietario del Cúcuta desde noviembre del 2013. 

Para cerrar su intervención, le dijo al alcalde que “he querido hablar con usted pero nunca me ha atendido. Tengo como demostrar que hemos invertido más de 20 mil millones. Hemos sacado jugadores cucuteños como nunca los habían sacado. Creo que se está dejando llevar por chismes de pasillos. Me cuesta creer que no tengan en cuenta lo que hemos hecho”, sentenció. 

A Cadena, se le sumó Andrés Bautista, miembro del club, quien afirmó que el equipo está dispuesto a darle una mejor solución a la situación.

“Reconozco que el club tiene que responder por sus obligaciones. Hoy atravesamos una situación bastante compleja. Una liquidación afectaría el futuro de más de 50 familias en Cúcuta”, aseguró complementando con que en la ciudad, no hay trabajo formal. 

Los otros acreedores

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue otros de los acreedores que hizo presencia  y con los que el club tiene unas cuotas atrasadas que ascenderían a un total de 320 millones de pesos. La relación con el Cúcuta marchó de manera positiva pues en ningún momento  la apoderada de la Dian se mostró en desacuerdo con que el club efectúe pagos en octubre. 

Con pagos a Colpensiones por seguridad social, el equipo revisará planillas junto a la entidad que anunció una deuda de 25 millones. 

En temas laborales, el Cúcuta tendrá que revisar la deuda con un excoordinador de divisiones menores, quien por medio de su abogado pidió 16 millones. 

Asimismo, el jurista Eduardo Ramírez, quien representó a exjugadores del Cúcuta, pidió cumplimiento a la deuda de octubre, noviembre y tres días de diciembre a los jugadores: Javier López, Mateo Cardona, Henry Obando, Jhonny Da Silva a los que se les deben una suma que bordea los 12 millones de pesos (a cada uno) provenientes de una doble contratación. Igualmente en el caso de Carmelo Valencia a quien se le adeudan 52 millones. 

El club aseguró que a unos ya les había pagado, y que a otros se estaba en proceso. Además pidió que demostraran la doble contratación para empezar a evaluar el tema. 

Ramírez afirmó que sus representados han manifestado que del Cúcuta, no ha llegado ninguna consignación. 

Ambas partes se reunirán el 19 de agosto en horas de la mañana. Misma situación que sucederá en horas de la tarde del mismo día, con el ICBF, a quien se le adeuda 800.000 pesos. 

Vale la pena recordar, que en este momento el equipo tiene suspendido el reconocimiento deportivo y para recuperarlo tendrá que pagar 163 millones de pesos y Cadena, una multa de 50 salarios mínimos mensuales (43 millones).