Culpabilizando al Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (IMRD) y a la Alcaldía de Cúcuta del momento que vive el elenco fronterizo, José Augusto Cadena rompió su silencio luego de que bajo su presidencia iniciara la peor crisis del Cúcuta Deportivo. 

Cadena desapareció desde el 11 de noviembre, fecha en la que el elenco motilón pasó del proceso de reorganización empresarial a la liquidación judicial por sus incumplimientos a exempleados, al IMRD, a la Alcaldía, y otros acreedores. 

“Por la estrategia mal intencionada lo que lograron fue que lo desafiliaran de la Dimayor. No sigan creyendo que otro equipo pueda utilizar la plaza, eso es otro cuento como otros tantos”, trinó el polémico dirigente deportivo que antes de tomar al Cúcuta en noviembre del 2013, contaba con el antecedente de malos manejos en el Atlético Bucaramanga y el Patriotas de Boyacá. 

El discurso de José Augusto es que las autoridades locales le quisieron ‘arrebatar’ al equipo, que no lo apoyaron, que pusieron a la hinchada en su contra y otras premisas que parecieran omitir su cuestionable manejo de un club con 96 años de historia. 

El directivo se convirtió en accionista mayoritario del club a finales del 2013. Para la época, el Cúcuta ya se encontraba en el proceso de reorganización empresarial en el que acordó pagos a distintos acreedores por deudas generadas desde el 2006. 

Él asumió esa responsabilidad. En diciembre se jugó la promoción, el rojinegro la perdió y se fue a la B. Tuvo al equipo en un año en segunda, ascendió en enero de 2015 y descendió a los meses. En el 2016 firmó su peor año deportivo y burló a la fanaticada motilona anunciado que se llevaba al Cúcuta para Zipaquirá. 

Apoyo hubo

Estuvo hasta agosto de 2017 en el municipio cundinamarqués pero regresó con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, quienes lucían como patrocinadores en su camiseta. 

En 2018 logró el ascenso siendo también patrocinado por Gobernación y Alcaldía a pesar de que ese año empezó a incumplir el acuerdo de reorganización. 

En 2019 también fue patrocinado por el ente departamental y municipal. Continuó incumpliendo el acuerdo y además a sus empleados quienes denunciaban atrasos salariales. El 29 de noviembre de dicho año la Superintendencia de Sociedades programó la audiencia de incumplimiento para el 20 de enero del 2020 debido a que dejó de hacer los pagos del acuerdo de reorganización  a la Alcaldía y al IMRD.

En el 2015, cumplió una audiencia del mismo tipo en la que salió bien librado. 

Poco interés 

Jairo Yáñez llevaba tan solo 20 días en su mandato y junto al exdirector del IMRD, Arnulfo Sánchez, acordaron aplazar la audiencia para que Cadena se acercara a hablar y llegar a un acuerdo para los pagos. La Supersociedades programó el encuentro para el 24 de febrero. 

En ese lapso de tiempo, el expresidente no se acercó a conversar aun sabiendo que incumplía sus compromisos evidenciando su poco interés por pagar. Además, amenazó nuevamente con llevarse el equipo de la ciudad alegando que no lo apoyaban. 

¿Una jugada maestra?

Cadena llegó a la audiencia del 24 de febrero sin haber pagado nada pero sacó su primer as bajo la manga: fue acompañado por el expresidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, quien fue garante para los pagos por medio del famoso contrato de televisión internacional. Los acreedores confiaron en que está vez se harían los pagos tras esta garantía y acordaron dar más plazo hasta el 20 de abril.  

Como de costumbre, Cadena volvió a incumplir y no pagó.

Acreedores ignorados

Por la llegada de la pandemia, la audiencia se postergó y fue programada para el 13 de agosto luego de una solicitud de los acreedores por continuar con el incumplimiento. 

En ese lapso de tiempo entre febrero y agosto, el IMRD le presentó tres formulas para que pagara siendo estas ignoradas por el dirigente. 

Al preguntarle a la Dimayor por los dineros, esta se lavó las manos respondiendo que los compromisos de pago eran netamente del Cúcuta . 

La burla continuó

En la audiencia del 13 de agosto, por tercera vez en el año, los acreedores volvieron a darle una oportunidad a Cadena. El motilón acordó pagarle 350 millones de pesos a la Alcaldía de Cúcuta en un plazo de 30 días y 910 millones de pesos al IMRD en 15 días hábiles. El 24 de septiembre quedaron en revisar. 

La frase se vuelve repetitiva: los pagos no llegaron. 

Días antes de la reanudación de la audiencia, el grupo jurídico del Cúcuta, buscando alargar el asunto, presentó una tutela alegando que la Alcaldía y el IMRD le violaban el derecho a la igualdad al no incluirlo en los descuentos estipulados para deudores en el decreto 0149 del 2020, a pesar de que el municipio si lo acogiera y aplicara una reducción de 100 millones, si hacía el pago.

El juzgado, evitando un perjuicio irremediable, ordenó aplazar la audiencia. La tutela fue declarada improcedente. 

La Supersociedades fijó el 11 de noviembre como nueva fecha de la que se esperaba llegara con comprobantes de pago…

¿Misma jugada de febrero?

Un día antes de la audiencia, se conoció una carta de la Dimayor en la que anunciaba que estaba en estudio un adelanto de 1.500 millones de pesos al Cúcuta, que no fue aprobado. 

Durante el desarrollo de la audiencia, le pagó a acreedores menores pero no al IMRD ni a la Alcaldía, a quienes Cadena no les presentó un compromiso real de pago. Con lo único que llegó fue con una carta firmada por Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, en la que se afirmaba que la otra semana iba a ponerse, nuevamente, en consideración el adelanto más no se aseguraba que el dinero iba a llegar. 

Su manejo provocó la crisis 

En consecuencia y conforme a los articulo 45 y 46 de la Ley 1116 se decretó la liquidación por los incumplimientos más no por pedido expreso de la Alcaldía e IMRD, como el expresidente ha querido hacer creer. 

Además de la entrada a la liquidación, a finales de octubre se le ratificó la suspensión del reconocimiento deportivo por incumplimientos laborales entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de agosto del 2019. Pero no solo fue en  ese periodo de tiempo.

En el segundo semestre de 2019, los jugadores denunciaron la falta de pagos y en todo el 2020, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció las mismas irregularidades. 

También, algunos de los jugadores denunciaron la doble contratación.

Tras la entrada al proceso de liquidación, abandonó a sus jugadores en Armenia, ciudad donde estaba jugando como local. 

14 días después, el Cúcuta fue desafiliado de la División Mayor, decisión que se habría dado “en el marco de las consecuencias jurídicas previstas en los estatutos de Dimayor, la reglamentación aplicable y en la Ley 49 de 1993”. 

De esta Ley se habrían basado en el artículo 19 que afirma que “en los casos de incumplimiento con el pago, suspensión, revocatoria o vencimiento del reconocimiento deportivo, la desafiliación es automática y no requiere del conocimiento del tribunal e igualmente la desafiliación acordada por la asamblea del organismo interesado”.

¿Y el reconocimiento por qué se perdió? Por incumplimientos a los empleados quienes junto a acreedores y miles de hinchas (deseados por cualquier empresario),  hoy son las verdaderas victimas. 

¿Y si le decisión se tomó por la liquidación? Por cuatro audiencias, el expresidente no cumplió. Tuvo tiempo y no lo hizo. 

La hinchada de una u otra manera, vio como una victoria la salida de Cadena quien tildó a Cúcuta como “una porquería de plaza”. 

Ahora, el futuro del fútbol profesional en la ciudad no es claro. Hay un interés por parte de Juan Carlos Restrepo por traer un proyecto que está a la espera de afiliación de la Dimayor (puede que no se dé)- o que el liquidador Arturo Acosta logre poner a funcionar al rojinegro.