Va más de medio año desde que estallara el escándalo de Odebrecht. Y mientras que en otros países ha hecho caer cabezas de la cúpula, en Colombia no ha pasado nada más allá de algún ruido sobre algunos actores secundarios y el convencimiento nacional de que vamos hacia otra escandalosa impunidad. A pesar de que se pagaron sobornos por millones de dólares para contratos corruptos y hay acusaciones sobre fuertes sumas a las candidaturas que se disputaron la Presidencia en 2014.

Si en lo legal son pocos los avances, hay impunidad total en cuanto a las responsabilidades políticas de los involucrados: un par de noticias que sirven más para cubrir las apariencias que para ir al fondo del asunto, y pare de contar, al igual que el silencio de los partidos de los funcionarios involucrados. Impunidad total, a pesar de que Juan Manuel Santos confesó con un “me acabo de enterar” que entró plata de Odebrecht a su campaña de 2010 y que las pruebas señalan que lo mismo sucedió en 2014. Y parecido ocurre con el también acusado Óscar Iván Zuluaga, casos los dos en los que ni se mencionan los nombres de sus vicepresidentes y actuales aspirantes a la Presidencia, como si no se hubieran beneficiado con la misma plata y los mismos votos.

Se sabe también que la parsimonia del Consejo Nacional Electoral para investigar y sancionar a los partidos que avalaron estas candidaturas obedece a que el 80 por ciento de sus miembros pertenece a la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Y se mantiene oculto que la Procuraduría tiene frenado el acuerdo del gobierno con Odebrecht y el Grupo Aval para darles 700.000 millones de pesos como parte del acuerdo de impunidad que pactaron.

De otro lado, la Contraloría confirmó mis acusaciones y las de José Roberto Acosta sobre el préstamo del Banco Agrario a Navelena (Odebrecht). Señaló que están perdidos 135.000 millones de pesos, que la junta directiva del banco aprobó el préstamo violando las normas y que 50.000 millones de esa plata se contrataron para “cancelar un préstamo de Navelena con el Banco de Occidente, cuyo único propósito fue reducir la exposición de este último con el Grupo Odebrecht” (enlace 1). Tampoco se responde por estos hechos en un banco politizado por completo, incluido el silencio de los ministros de Hacienda y Agricultura, miembros de su junta directiva y del conservatismo y la U.

Cómo fue de notorio, además, el manto de silencio y falsedades con el que los amigos del Fiscal Martínez cubrieron el retiro de su denuncia penal por injuria y calumnia contra este senador y que, gozando de una amplísima alcahuetería, se hubiera atrevido a violar el artículo 185 de la Constitución, que protege a los congresistas por sus opiniones en el ejercicio del control político. También va camino de la impunidad política que el fiscal Anticorrupción corrupto hubiera sido nombrado como parte de una operación clientelista de Cambio Radical, el partido de sus afectos y de los de Néstor Humberto Martínez Neira.

En los países que no operan tan mal como Colombia, los altos funcionarios y sus partidos responden políticamente por sus malas determinaciones, incluido tener que renunciar a sus cargos (enlace 2). En Colombia, y ello cuenta en por qué es uno de los países más corruptos del mundo, gobernantes, jefes políticos y partidos tradicionales no tienen que responder por los actos ilegales o vergonzosos y sus filiaciones políticas ni siquiera se mencionan cuando son acusados.

De lo peor de esta lamentable realidad, heredera de la manguala del Frente Nacional, es que a ella han acostumbrado a mucha gente buena de Colombia, que refunfuña contra sus actos y al final los tolera y respalda con sus votos. Pero tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Parece estarse acercando uno de esos momentos claves en los que los países corrigen el rumbo, dada la amplia indignación contra las tantas maneras perniciosas con las que los mismos se han mantenido por décadas en el poder, impidiendo el verdadero progreso de Colombia.