Hemos superado la línea de los 60 días de encierro. Confinamiento inteligente, o como se le quiera llamar lo cierto es que hemos estado a muy poca marcha en comparación con momentos previos a la pandemia. Mis cálculos que no pasamos del 25% de actividad comparando ambos periodos.

60 días en los que hemos vivido – sobrevivido- porque los servicios esenciales, a cargo del Estado, y prestados por particulares, se prestan; hemos tenido agua y alcantarillado, energía e internet. En fin. El Estado ha seguido en funcionamiento para que sus ciudadanos puedan atender sus necesidades básicas.

Pues bien, hay un servicio público esencial que no se está prestando, que es, a mi juicio, el de mayor trascendencia en una sociedad, al menos en una sociedad que se precie ser moderna, y es la administración de justicia.

Bien lo dice la ley 270 estatutaria de administración de justicia que la justicia es un servicio público esencial. Pero, y esto se debe decir sin eufemismos, antes de la pandemia la justicia ya poco funcionaba. El buen porcentaje de las audiencias no se llevan a cabo, y la Fiscalía, órgano persecutor de los delitos, y en teoría garante de los ciudadanos, está fallando en materia grave.

También fallan los jueces del país, que tardíamente administran justicia.

Decía que antes de la pandemia la justicia poco funcionaba, pero ahora que la humanidad se ha confinado por cuenta del nuevo bicho, la justicia criolla es prácticamente inexistente.

Los números no dejan mentir, y son brutalmente honestos: Se hacían cerca de 200 audiencias diarias en el complejo judicial de Paloquemao, y ahora se hacen escasas 5. Esta cifra se reproduce, y baja, en otros centros judiciales del país. Si eso es en Bogotá ¿se imagina en Amazonas?

Por estos días, que casi todo funciona, la justicia es la gran ausente. Pero, y me perdonarán, no soy optimista con lo que viene: el mundo, sus actividades, volverán casi a la normalidad. Pero la justicia, ya herida por su mora inveterada, ha sufrido un golpe mortal con el encierro.

Lo que me aterra, lo que duele, es que no veo que exista un gran y significativo diálogo nacional para atender este flagelo; nadie habla de cómo se van a adecuar los vetustos edificios en los que operan los juzgados. Un baño por cada 100 personas en épocas de normalidad.

¿Y ahora? ¿Se van construir nuevos y modernos edificios? ¿Se va a privatizar la justicia? O, simplemente, ¿se reconocerá que este país ya se hizo a la idea de no tener justicia?

Estoy hay que decirlo siempre, todos los días, las veces que sean suficientes para que nunca olvidemos que la diferencia entre civilización y barbarie no es otra que el monopolio de la justicia en manos del estado.

Esto hay que decirlo tantas veces como sea necesario para nunca olvidemos la razón por la cual volvimos a la jungla.