Cuando hablamos de violencia contra las mujeres nos dirigimos religiosamente a la Ley 1257 de 2008 para definirla e identificar sus tipos, repitiendo, casi de forma autómata, qué constituye violencia física, cuáles situaciones refieren a violencias psicológicas, cuáles a violencias sexuales y cuándo estamos ante violencias económicas o patrimoniales.

Si se trata de lecturas obligatorias para las organizaciones que estamos en este medio, esa ley es definitivamente una. No obstante, la investigación Aproximaciones en la Frontera, desarrollada en conjunto con el Observatorio de Dinámicas Territoriales en Frontera Binacional, de la Fundación Hablemos, junto con la academia regional, evidencia hallazgos que obligan a replantearnos nuestras certezas en torno a los límites del concepto.

De las 555 mujeres encuestadas, principalmente vendedoras ambulantes de la zona centro de la ciudad con ciclos de básica primaria o bachillerato incompleto, 35.6% respondieron que nunca han escuchado sobre sus derechos sexuales y reproductivos; a 44.3% de las respondientes colombianas y 55% de las mujeres de origen venezolano nunca les han informado sobre la sentencia C-355 de 2006 que nos da derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por cláusulas, a pesar de ser un compromiso estatal estipulado en dicha providencia. 77 encuestadas eran mujeres en ejercicio de la prostitución, 66 de ellas de nacionalidad venezolana, 42.4% quienes respondieron alarmantemente que no tienen conocimiento sobre este bloque de derechos y 37.8% no han accedido a información sobre la posibilidad de terminar un embarazo. 

¿Qué tiene que ver todo esto con las violencias? Sería la pregunta subyacente. El poder nominativo de la ley tiene ese doble rasero: designa todo un panorama que necesita ser intervenido, al tiempo que limita la imaginación requerida para complejizar el escenario, más en un país tan leguleyo como Colombia. Es decir, sabemos que existe tal cosa como las violencias contra las mujeres y se manifiestan en cuatro formas, pero ese uso tan canónico no nos permite identificar escenarios más amplios de subordinación. Que casi la mitad de las respondientes no tuvieran acceso a información básica sobre los derechos que protegen la libre exploración de la sexualidad, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, entre otros, debe evaluarse como un ejercicio de marginación de su propio cuerpo y de la ciudadanía plena.

Si el cuerpo es nuestro primer y más íntimo territorio, ¿qué se está tratando de decir cuando las mujeres no pueden vivirlo libremente, atándolas a las expectativas que se tengan de ellas? Tales como la maternidad y heterosexualidad obligatoria, la normalización de las violencias sexuales, la enajenación del placer como parte central de nuestro autodescubrimiento. 

Exactamente, ¿qué nos está diciendo el Estado cuando incumple sus responsabilidades de coordinar entre los distintos sectores, encabezados por salud y educación, la disposición prioritaria e inmediata de estrategias y programas que brinden información verídica, actualizada y científica sobre esta materia? Son las mujeres en los sectores socioeconómicos más excluidos, las mujeres en ejercicio de la prostitución y las mujeres de un origen nacional distinto quienes enfrentan estas barreras, por lo que no sólo debe hacerse una lectura feminista, los análisis de clase y con énfasis en las dinámicas que producen la xenofobia resultan obligatorios. 

Construyan esta imagen conmigo: nuestros cuerpos y sexualidades son territorios desconocidos para nosotras mismas, posiblemente vistos desde el asco o el tabú, además vivimos en una sociedad donde las violencias sexuales son constantes y naturalizadas. Si sufrimos una violación y sin la información debida, estamos dentro de un escenario que nos priva de decidir sobre nosotras mismas. Y, si en contra de todas las barreras, ejercemos nuestra autonomía escogiendo interrumpirlo, ¡seremos tratadas como delincuentes! La violencia, entonces, no inicia con la violación, sino con el incumplimiento de las responsabilidades estatales para ejercer plena autonomía de mí misma y que sea reconocida como tal por la sociedad, sin estigmatizarme o perseguirme por ello. Siendo este el panorama, nuestros cuerpos no son el primer territorio de afirmación y libertad, le pertenecen a quienes controlan el conocimiento requerido para vivirlo plenamente.