Al aprobarse el presupuesto de regalías para el 2021, nos encontramos con que a partir del próximo mes, las regiones dispondrán de un ponqué que representa la no despreciable suma de $17,3 billones, de los cuales el 93% está destinado a la inversión. Es decir, demasiada plata en manos de alcaldes y gobernadores, cuando sabemos que la mayoría no están en capacidad de brindar transparencia a la utilización de esos recursos.

Qué bueno sería que las autoridades de control, diseñaran un plan especial de protección para esos dineros, o de lo contrario estaríamos frente a una catástrofe propiciada por la corrupción. Ahora, con el tema de la pandemia, todo se ha vuelto urgente y la inversión requiere sin duda de instrumentos ágiles, para que puedan llegar soluciones a muchas necesidades públicas.

No podemos olvidar que la Contraloría General ha dicho que la corrupción en Colombia puede representar una suma cercana a los $50 billones, lo que quiere decir que es un instrumento perverso y nefasto que está presente en la mayoría de las oficinas públicas del país.  

La utilización de los dineros provenientes de las regalías, debe tener esquemas de contratación muy claras, en donde no solo sirva para atender prioridades y no obras fantasiosas de los gobernantes como tantos ejemplos tenemos, sino que también esté en capacidad de atender procesos claros en donde sea posible identificar costos reales y capacidades de cumplimiento de los contratistas.

Y en todo ello que sea posible involucrar a la comunidad para que verifique y fiscalice, pues al fin y al cabo son recursos que solo a ella les pertenece.

No podemos perder de vista que, si los responsables del gasto no son competentes y transparentes, la Justicia poco puede hacer mucho para colocar en cintura a los corruptos, pues está demostrado que la mayoría de los procesos que se abren por corrupción no terminan en nada, ya que la administración de justicia no está en capacidad de adelantar procesos ágiles, lo que significa que las pruebas se diluyen y con ellas los responsables del saqueo.

Esos $50 billones de que habla la Contraloría, representan recursos de varias reformas tributarias, lo que quiere decir que, si pensamos en vigilar lo que tenemos, seguramente no tendríamos que acudir con tanta frecuencia a solicitar sacrificios a los contribuyentes, para tener que financiar las obras que se requieren.

Que tristeza, nos damos cuenta que tenemos plata, pero también que tenemos demasiados ladrones encima, lo que nos impide avanzar y lo que nos incrementa cada vez mas la frustración, en medio del notorio atraso que vivimos.