En 2019 hubo un retroceso en la seguridad y 2020 fue atípico, pero pareciera aceptable el cierre del año en esa materia. La segunda mitad de 2018, todo 2019 y el inicio de 2020, se caracterizaron por una parálisis casi completa en la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz, con el consiguiente aumento del homicidio individual y especialmente del colectivo, como son las masacres. 

Este terrible fenómeno sigue en auge al cierre de 2020 y el discurso oficial se está quedando corto. Decir después de cada masacre que detrás está el maldito narcotráfico, es una verdad parcial incapaz sola de explicar lo que sucede en Cauca, Antioquia, Nariño o Norte de Santander: detrás están también la minería ilegal, la pelea por la tierra, la extorsión organizada, el control del transporte de mercancías y personas, la venta privada de seguridad y, por supuesto, la violencia derivada de las riñas por intolerancia, de las pasiones y las fallas en las “relaciones interpersonales”, eufemismo que se usa ahora en derecho penal para describir la condición humana. 

Es todo ese panorama el que debemos analizar. Drogas, minería, extorsión y tierras, responden por el 50% de los homicidios y 70% de las masacres; su autor es el crimen organizado llámese Clan del Golfo, disidencias, Caparros, etc. También contribuye el Eln. 

Insisto en que es un verdadero misterio trinitario que el Estado, por purismo ideológico o por vanidad política, no se haya volcado en estos dos años y medio del gobierno Duque a implementar unos Acuerdos de Paz que van en dirección de la seguridad que tanto se anuncia. Supongamos que Duque hubiese aplicado todos los instrumentos que estaban en marcha en los Acuerdos, sin interrupción: es muy probable que el homicidio hubiese bajado más en 2019 y 2020; se habrían erradicado manualmente más hectáreas de coca; se habría podido enfrentar al Eln con más contundencia para lograr reabrir la mesa de negociación; menor intensidad hubieran registrado las disidencias; más toneladas de incautación de cocaína se hubieran logrado; y a lo mejor ni Santrich ni Márquez se hubieran volado… Y si todo eso se hubiera hecho, ¿quién sería el beneficiado? Colombia. ¿Quién estaría cobrando políticamente? Duque, ¡no Santos! 

Dicho esto, con la pérdida de dos años en materia de seguridad a las espaldas, este 2020 parece haber recuperado el rumbo positivo de los indicadores. El número de homicidios a 31 de octubre pasado es el menor desde los ochentas; ese nivel ya se había alcanzado en 2017, primer año de la implementación de la Paz. La tasa por cada cien mil habitantes también bajó hasta octubre pasado a 23, y es la más baja desde principios de los setentas; esta tasa ya había bajado a 24 por cien mil en 2017, primer año del posconflicto. 

La erradicación manual de coca que, sin pena, desmontó Juan Carlos Pinzón como mindefensa con el mal argumento de que era un trabajo indigno de las Fuerzas Militares, ha retomado impulso: desde el acuerdo negociado en 2017 con Tony Blinken, quien será el secretario de Estado del presidente Biden, y firmado en 2018, hemos ido aumentando sustancialmente cada año las hectáreas erradicadas: desde apenas 8.000 has. en 2013, a 15.000 en 2016, 40.000 en 2017, 50.000 en 2018, 72.000 en 2019 y 102.000 en 2020. Logrando más control de la resiembra, es muy probable que Colombia cumpla con la meta acordada de no más de 80.000 has. de coca en 2023, sin necesidad de retomar la aspersión aérea, que también se acabó cuando Pinzón. Mientras tanto, el debate sobre legalización y costos avanza en el mundo. 

En el año y medio que le queda, si Duque crece la implementación de la Paz, sus cifras pueden mejorar en materia de seguridad y pueden empezar a bajar con firmeza las masacres. 

Si hubiera entendido, hoy estaría celebrando aún en medio de la pandemia: ¡es la Paz la clave!