La tragedia ocurrida esta semana en San Andrés, Providencia y Santa Catalina produjo tristeza, impotencia y rabia. El golpe más duro lo sufrió la isla de Providencia, que perdió cerca del 98% de su infraestructura, incluido su hospital. Por medio de las redes sociales el país se enteró de que la isla no tenía luz ni agua y que, además, muchos de sus habitantes tuvieron que dormir a la intemperie.

Lo anterior debido a que las comunicaciones fallaron -una constante en el archipiélago- y que, por eso, increíblemente solo un día después se supo de manera oficial sobre la suerte de sus habitantes. No tiene justificación alguna que en pleno siglo XXI tengamos las limitaciones de hace dos siglos, mostrando una vez más la validez de esa famosa frase según la cual, Colombia tiene más territorio que Estado. Es palpable para todos que el abandono del Gobierno en varias zonas del país, las deja a merced de desastres naturales y males causados por el hombre, tales como la corrupción, el narcotráfico y la violencia de los grupos armados ilegales.

Sin embargo, esto es un “campanazo” de alerta en la nueva ola invernal que vivimos en el país y para la cual nuevamente no estamos preparados. No se aprende de lo sucedido, por ejemplo, hace diez años, cuando no hubo planeación por parte del Gobierno Nacional ni local y como consecuencia, las ciudades quedaron vulnerables al cambio del clima, con inundaciones que nos afectaron a todos. No se salvó ni la capital, donde gran parte se anegó y desencadenó incluso arroyos en la localidad de Usme.

Como si esta situación no fuera lo suficientemente grave, el mal de la corrupción tiene a los entes de control en estado de alerta. No se puede repetir lo que sucedió hace diez años, cuando se aprovecharon los decretos de emergencia para saquear los recursos públicos, sin beneficiar a quienes más lo necesitaban. Cada peso que se roban le quita la oportunidad a una familia de salir adelante. Por tal motivo, la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía deben unir esfuerzos para evitar que esto suceda. Es necesario garantizar la no impunidad para quienes buscan lucrarse con los dineros públicos destinados a la emergencia y a la atención humanitaria.

Todos los colombianos tenemos un deber cívico y debemos ejercer veeduría ciudadana para informar a las autoridades cuando tengamos conocimiento de esta clase de hechos. Además, exigir que todos los estamentos de la sociedad sientan corresponsabilidad en responder al cambio climático, por ejemplo desde los POT (Planes de Ordenamiento Territorial), desde la construcción de una cultura pedagógica nacional y regional de cuidado al medio ambiente y desde el desarrollo de procesos de planeación a mediano y largo plazo que logren mitigar estos riesgos. La vida siempre estará primero.