Un nuevo caso de abuso sexual en comunidades indígenas causa repudio en el país. La violación a una niña Embera Chamí en zona rural de Pueblo Rico (Risaralda), por parte de soldados del batallón San Mateo de Pereira, es un acto aberrante que preocupa y debe alertar a las autoridades frente a lo que está sucediendo con los menores de las poblaciones étnicas.

Este hecho se suma a miles de casos de abuso sexual a menores, reflejando el estado de indefensión en el que se encuentran y la necesidad de brindar una protección integral para los niños, niñas y adolescentes. 

En lo corrido del año se han registrado más de 7.000 abusos sexuales, el 85% en contra de menores de edad. Solo unas 400 de estas causas se encuentran en la etapa de juicio y cerca de 90 están en proceso de ejecución de penas, la gran mayoría es objeto de indagación. 

Lo ocurrido en Pueblo Rico se agrava porque los agresores son militares, llamados a proteger al ciudadano, no a agredirlo. Soy un defensor de la Fuerza Pública, por eso casos como este deben ser castigados con toda severidad, porque una minoría no puede enlodar la imagen de toda la institución.

El problema no es de leyes, porque existen suficientes normas que protegen la infancia y la adolescencia, hay que ser más efectivos al momento de hacerlas cumplir, pero además se requiere mayor educación y generar una cultura de respeto en una sociedad con tendencia machista.

Se debe implementar un frente común entre los organismos de control, Fuerza Pública y la administración de justicia, para hacer prevalecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tal como está contemplado en el ordenamiento jurídico, y superar los índices de impunidad frente a los delitos sexuales.

Nota final:

Agradezco a todas las personas que me han acompañado durante estos años de publicación de la columna. Valoro sus comentarios, aportes y críticas en este espacio de opinión. 

Para mayor transparencia, suspenderé la publicación de la columna porque voy a inscribir mi nombre para aspirar al cargo de procurador General de la Nación. Mi vocación por el servicio me impulsa a poner a disposición del Estado mi capacidad de trabajo, competencias y experiencia. Quiero dedicarme a trabajar  por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales de los ciudadanos. 

Mientras dure el proceso de postulación al Ministerio Público, estaré alejado de los espacios de opinión, por eso también suspendo las publicaciones en mis redes sociales, que no serán cerradas, estarán cesantes.