El próximo primero de julio se reabrirán las sedes judiciales, después de más de tres meses de actividad a media marcha, situación que generó dificultades para abogados, víctimas y sujetos procesales que sufrieron las dilaciones de los trámites, esta vez por cuenta de la pandemia. 

Las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para prevenir la expansión de la COVID-19, cerrando los despachos, eran necesarias como disposiciones que buscaban el aislamiento social y evitar los contagios, sin embargo, una suspensión tan prologada de los términos afecta los derechos de los usuarios que esperan que los jueces resuelvan sus causas, que no son pocos, teniendo en cuenta que Colombia es un país con alto grado de litigiosidad, 

Es de aplaudir que pese a la contingencia provocada por el confinamiento preventivo obligatorio los funcionarios y empleados continuaron dando resultados con su trabajo, sobre todo en la garantía de las acciones constitucionales con más de 63.000 acciones de tutela y alrededor de 2.000 habeas corpus decididos, además de cerca de 80.000 audiencias públicas atendidas y 37.000 audiencias de control de garantías, pero asuntos relacionados con las especialidades de derecho laboral, civil, familia, administrativo y comercial, por mencionar algunos, quedaron desamparados. 

A pesar de estos logros la cuarentena, como consecuencia de la pandemia, evidenció que la justicia tiene un atraso en temas de tecnología y demanda una renovación y modernización en la materia, para hacer de la virtualidad una realidad. El atraso de la Rama Judicial es de conocimiento público y con los cambios que trajo el estado de emergencia se expuso aún más, revelando las necesidades de unos sistemas actualizados que permitan estar al día en la evolución digital, porque a partir de la transformación social que generó el confinamiento, la forma de interactuar es diferente, incluso en los procesos judiciales. 

Estaba en mora la Rama de activar el servicio integralmente, con el levantamiento de la suspensión de términos en todas las causas, aunque deben prevalecer los medios virtuales. La apertura de la justicia desde el primero de julio no puede ser totalmente presencial, ante el riesgo por la concurrencia masiva de usuarios a las sedes. 

La Judicatura tendrá que hacer una inversión importante para actualizar los sistemas informáticos, mejorando la gestión en los procedimientos. Dar el salto al expediente electrónico y las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que permitirá la economía procesal que requieren los trámites judiciales, ahorrar en recursos como el papel, traslados innecesarios y acortar los tiempos para hacer que la justicia sea más ágil. 

@WilsonRuizO