En  la ciudadela  de Juan Atalaya, concretamente sobre la vía que conduce  a los pueblos de occidente, llamada avenida de Atalaya,  desde hace tiempo ha querido imitarse la obra que se construyó sobre la avenida Libertadores llamada El Malecón, pero sin ninguna clase de éxito.

Últimamente, con  dineros de la nación, el departamento y el municipio, es decir, con el dinero de nosotros los pobres contribuyentes, se realizó  una nueva intentona por darle a ese proyecto una nueva cara  y ante todo justificar una cuantiosa inversión  para alegría de los contratistas de turno.

Pues bien, en días pasados, en un recorrido por el mencionado Paseo Rojo y Negro, pude constatar cómo el dinero público-el dinero de todos nosotros los contribuyentes-, se despilfarra y malgasta, no porque el sector y sus habitantes no merezcan la obra en sí, merecen mucho más, sino por la falta de planeación y programación necesaria para que la comunidad pueda disfrutar lo realizado de manera ordenada y en uso de todos sus derechos y no con las limitaciones que unos cuantos les imponen.

Esa obra no merece  ni las gracias ni los aplausos a la administración, pues quienes están usufructuando de ella  son los de siempre, los vivos que se apropian del espacio público para su lucro personal sin tener consideración alguna con el conglomerado social para quien supuestamente se realizó.

En el famoso Paseo Rojo y Negro, de todo se puede observar menos ciudadanos disfrutando de los espacios construidos.

Los vendedores de gasolina o pimpineros como coloquialmente se les denomina, se apropiaron  de ese vital espacio público y sobre lo que pretendía ser una ciclovía ejercen su actividad de comerciantes por fuera de la ley. Allí se ofrece gasolina, aceite, lubricantes, repuestos y toda clase de bienes. No hay quien haga respetar el espacio construido para la ciudadanía. A ello hay que agregar toda clase ventas en toldos y toldillos.

Pero lo que mayor impacto me causó al hacer el recorrido, rumbo al occidente del departamento, fue que al frente del comando de policía ubicado sobre el famoso paseo, se construyó un cambuche, de varas y plástico donde se  ofrece el combustible y todos los demás  artículos. ¿No está la policía nacional precisamente para controlar esta clase de actividades y especialmente cuando ellas a todas luces son ilícitas?

Qué pena y que dolor causan ver como se destruye un patrimonio ciudadano y ver como las autoridades encargadas de protegerlo se tapan los ojos para no ejercer su función.  Me causó grima, no, mejor indignación. No, mejor, me causó verraquera contemplar la actitud pusilánime  y permisiva de quienes  por obligación tienen que hacer respetar el derecho de los demás, tienen que velar por la cosa pública, sin que a toda hora se les esté enviando una orden o memorando. La  policía nacional debe tener unos criterios claros para actuar en situaciones como la que allí se presenta y no esperar órdenes o sentencias  para hacer respetar el bien común.

Los organismos de control deberían  tomar cartas en este asunto y glosar la inversión. No porque ella no se realizó, sino porque no se tuvieron en cuenta factores de programación y utilidad, no se  programó a quien iba a beneficiar la obra. Vuelvo a repetir, no estoy en contra de que en sectores como Juan Atalaya se realicen inversiones cuantiosas, con lo que no estoy de acuerdo es que se realicen las inversiones por el solo prurito de aparecer como redentor de las clases necesitadas cuando en realidad a ellas es poco lo que llega.

A propósito, para hablar algo del pobre Gramalote, dizque tembló el pasado jueves 19 de este mes. Eso seguramente se debió a que los funcionarios del  célebre Fondo Adaptación se encontraba n conociendo  y recorriendo las calles de Cúcuta.