La tal minga indígena es otra farsa que hace parte de la inveterada y tan promovida estrategia de la izquierda de combinar todas las formas de lucha. Bajo el argumento de reivindicar derechos supuestamente vulnerados, una turba de ciudadanos provenientes del sur del país llegará, en las próximas horas, a la capital de la República, con el propósito de poner contra las cuerdas al Gobierno nacional, y hasta tumbarlo, si les es dado.

De fondo hay un problema clarísimo de seguridad nacional: una manifestación como la minga, en medio de una pandemia como la del Covid, es ciertamente de una peligrosidad inconmensurable, por la clara violación a las medidas de bioseguridad establecidas. Con ese solo argumento, el Gobierno podría sofocar el tan inoportuno levantamiento, que tiene claros sesgos ideológicos. Hemos visto ondear banderas del M19, de las Farc, del Che Guevara y otros “demonios del infierno”, por si quedan dudas acerca del lado del espectro ideológico en que se ubica la revuelta en comento. No hay razones de peso para ejecutar tamaño exabrupto, por dos motivos fundamentales que dejan sin argumentos los principales reclamos: 1. El 25,3% de la tierra en Colombia está en cabeza de los indígenas (solo en el Cauca tienen bajo su control unas 879.000 hectáreas – y todavía quieren más-) y 2. Las masacres por las que responsabilizan al Gobierno son la consecuencia directa del crecimiento desbordado de los cultivos de coca que ellos mismos no dejan acabar.

Más allá de la fachada argumentativa y la narrativa con que se impulsa la minga politiquera subyace el primordial de los objetivos de la mentada marcha: bloquear la fumigación de los cultivos ilícitos a como dé lugar. La razón es una sola: evitar que se acabe el combustible de todas las formas de violencia. ¿A quiénes benefician en realidad? ¿Quién financia la logística y los demás gastos de la minga para movilizar a más de 8.000 personas? ¿De dónde sale esa plata? Blanco es, gallina lo pone. No cabe duda de que la mayoría de los indígenas está siendo utilizada para beneficio de oscuros intereses. En todo caso, sobre los líderes de la minga debe recaer la responsabilidad penal de dejar participar de la misma a terroristas y narcotraficantes con su dinero manchado de sangre y dolor.

La minga, como está planteada, se constituye en un verdadero desafío y peligro para la institucionalidad, el Estado de Derecho, la salud pública y la democracia, y así hay que entenderlo, a fin de encontrar el remedio adecuado, para combatir, lo que a todas luces resulta nocivo para la estabilidad de la República, en amplio sentido.

La cosa es sencilla: este asunto se puede resolver a través del ejercicio adecuado de la autoridad. Evitar que la minga llegue a Bogotá a sembrar el caos para tratar de derrocar a un gobierno legítimamente elegido y a esparcir un virus letal a diestra y siniestra es un imperativo moral y legal.

Hay que sacar el Ejército a la calle; de lo contrario será mucho lo que tengamos que lamentar. No olvidemos que “tranquilidad” viene de “tranca”.

La ñapa I: La “tripolar” de Claudia López, que bloqueó durante meses todo el comercio en Bogotá, evitando deliberadamente la tan necesaria reactivación económica, hoy funge de entusiasta anfitriona de la minga, que traerá, sin dudas, contagios por doquier, amén de los consabidos daños a la propiedad pública y privada producidos por esas “legítimas” expresiones de la democracia. La alcaldesa es a la coherencia lo que Roy Barreras a la honestidad.

La ñapa II: El “Tigre del Ubérrimo” subió 11 puntos de favorabilidad en la última encuesta de Datexco: hay Uribe para rato. La mejor frase pronunciada por el hombre, en su discurso al salir del secuestro al que lo sometió la sala de instrucción de la Corte: “Sé que no tengo cupo en el tren del apaciguamiento, donde, por evitar las dificultades de la lucha y congraciarse con el tigre, se termina en sus fauces”.