Comienza el 2021 con un nuevo y asustador rebrote de la COVID-19 que aún no llega a su pico y los anuncios de referendos e intentos de revocatoria de varios alcaldes de las más importantes capitales del país. Las noticias de los últimos días con respecto a la pandemia son muy preocupantes. Cuando muchos confiaban en un debilitamiento de la cadena de contagio, las cifras hoy demuestran un acelerado crecimiento. Esta semana tuvimos los días de mayor contagio desde el inicio del virus, regresamos a más de 300 muertos diarios y uno de cada cuatro colombianos que se hicieron la prueba resultaron positivos.

Mientras tanto, seguimos en la incertidumbre sobre las fechas exactas de inicio efectivo de las vacunaciones, cuando ya comenzaron naciones como México, Chile, Costa Rica o Perú, entre otras. No cabe duda que son diversos los responsables de esta nueva crisis sanitaria, que obliga al encierro y afecta en forma grave las posibilidades de reactivación económica y social. El agotamiento de la gente, la ausencia de cultura ciudadana, la poca eficacia de las campañas oficiales de auto cuidado, el relajamiento de las medidas oficiales y la escasa o nula coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades territoriales. Además, no se aprovechó el tiempo para ampliar en forma suficiente la capacidad de atención y de UCIS en hospitales y clínicas y la vacuna tardará en llegar efectivamente.

Y en medio de este difícil panorama aparece ya el fantasma de las elecciones del 2022 y en muchas regiones del país el oportunismo de dirigentes políticos que, con el único propósito de iniciar campaña electoral, lideran movimientos de revocatoria de alcaldes que apenas cumplen un año de mandato, del cual casi 10 meses con pandemia. Para nada resulta sensato a estas alturas proponer la revocatoria de alcaldes o alcaldesas en Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y otros municipios, en momentos en que todos los esfuerzos se deben concentrar en atender la crisis de salud y sus efectos económicos y sociales sobre millones de hogares. Como tampoco conviene insistir en referendos para una revocatoria legalmente inviable del jefe de estado o la derogatoria igualmente inconstitucional de la JEP. En todos los casos se trata de legítimas estrategias electorales, válidas en tiempos de normalidad, pero inoportunas y dañinas en las actuales circunstancias del país. Hagamos un cese del fuego electoral, al menos durante el 
primer semestre del año.

Francamente suena exótico que mientras los colombianos hoy intentan evitar el contagio y luchan por sobrevivir al virus letal o al hambre, ante la extensión de la crisis social y la pérdida de ingresos de sus hogares, dirigentes políticos se dediquen los primeros meses de este año a recoger firmas para acabar con la JEP, revocar a Iván Duque o a Claudia López. Podemos señalar errores, exigir rectificaciones, buscar más transparencia en la información, pedir mayor claridad en el manejo de los recursos, criticar las vacaciones de la alcaldesa o el inútil programa de TV del Presidente, en síntesis, mantener la crítica y el control político a las autoridades, sin embarcarnos en anticipadas campañas a través de referendos y revocatorias que no llegarán a ninguna parte pero sí implicarán un desgaste de energías y recursos al país.

Es cierto que la constitución del 91 consagró la democracia participativa y creó distintos mecanismos como el referendo ciudadano o la revocatoria de los mandatarios territoriales, que en general han tenido dificultades en su implementación práctica. Sin embargo, no son momentos para esa clase de debates político-electorales. Una tregua no caería mal. En lugar de discutir sobre comités de revocatoria, recolección de firmas, audiencias en el consejo electoral y número de firmas y votos, debemos concentrarnos estos meses en UCIS, personal médico, tratamientos contra el virus y la necesaria llegada de las vacunas. Ello, sin dejar de cuestionar y exigir mayor eficacia y coordinación de los gobernantes en el manejo de una crisis sin precedentes.