La Contraloría General ha expresado que en la actualidad está adelantando 5848 procesos de responsabilidad fiscal, en donde es posible deducir que pueda existir un detrimento patrimonial de hasta $33 billones.

En esta cifra hay de todo, hasta los sobrecostos de la contratación derivada de la pandemia, en donde los avivatos la convirtieron en una oportunidad para llenar sus bolsillos.

Pero lo que realmente evidencia la cifra, es la enorme presencia de la exagerada corrupción, en medio de las terribles dificultades económicas que vive el país, para las cuales se pide con urgencia una reforma tributaria que esté en capacidad de extraer mas recursos a los contribuyentes.
 
Lo que tiene que hacer el señor Contralor con urgencia, es diseñar un cuerpo élite que pueda asumir las investigaciones con toda la premura del caso, pues los colombianos no podemos aguantar que en medio de semejantes penurias que se viven, los corruptos tengan todas las oportunidades para alzarse con los presupuestos públicos.

Aquí se necesita una decisión política de muy alto nivel, para cerrarle el cerco  a ese monstruo de la corrupción, que permea por todas las dependencias del Estado, sin que sea posible detenerlo, o por lo menos menguarlo.

Y esa decisión debe estar encaminada a formar un cuerpo robusto de investigadores, que asuman las investigaciones con profesionalismo, independencia y conocimiento fiscal y jurídico, para que puedan estar en capacidad de ofrecer conclusiones en el corto tiempo. Cualquier suma que se invierta en ese propósito es saludable, pues los ciudadanos están en el mas alto grado de desesperación al oír hablar de crisis económica, de efectos de la pandemia, de necesidades apremiantes en los mas diversos frentes sociales, y por otro lado, contemplar en los medios de información todos los días las denuncias que muestran la fuga de los dineros, sin que la justicia pueda señalar a los responsables.   

Y dentro de los implicados, no solo es preciso identificar al contratista inescrupuloso de turno, sino a todo el entramado que lleva dentro, en donde necesariamente tienen que estar los funcionarios que contrataron mal, que ejecutaron mal y que hicieron caso omiso a todas las normas que señalan las formalidades de la inversión pública.

Pero también es necesario identificar a quienes presionaron la adjudicación del contrato desde afuera, valiéndose de su poder político y de las influencias dentro de los funcionarios encargados de la contratación.

Esta cifra que nos revela el Contralor, es escandalosa y vergonzosa, y no puede pasarse por alto, pues demostraría en el país la incapacidad para que el Estado actúe y evidenciaría además la manera tan descarada y cruel como se burlan los delincuentes de los intereses ciudadanos.