El 24 de marzo a las 23:59 hrs, el presidente Iván Duque declaró la cuarentena en Colombia y con ella un fenómeno que se demoró mucho en ser visibilizado: centenares de mujeres y niñas fueron encerradas con su agresor. Y aunque los estudios siempre han sido muy claros al mostrar que la mayoría de los victimarios son miembros de la familia; no hubo capacidad instalada adicional, ni contratación de personal de apoyo, la institucionalidad dejó que las cosas siguieran su orden natural y en pocos días las líneas de denuncia de violencias basadas en género habían colapsado. 

Ahora bien, es importante mencionar que estas líneas de atención se encargan de asistir a las víctimas de alguna de las formas de violencia consignadas en la Ley 1257 y que en su momento, la Secretaría de Equidad de Género de Cúcuta fue una de las pocas en el país que lograron activar protocolos con celeridad. Sin embargo, la situación de las mujeres cucuteñas abarca mucho más que eso. 

Según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, las mujeres en Cúcuta han sido víctimas de formas de violencia que aún no están tipificadas. Por ejemplo, en su boletín # 2, mencionan que solo un 16% de las mujeres consideran que todas sus necesidades están siendo satisfechas. Dentro de las “carencias” manifiestas por las encuestadas se encuentran el transporte, la salud, el ocio, la higiene y los servicios públicos, entre otros. 

El dato no deja de ser preocupante ya que las necesidades insatisfechas se traducen en brechas de acceso a derechos que se están ampliando casi sin remedio. Algunos estudios mencionan que por las medidas adoptadas para la mitigación de la pandemia se ha retrocedido casi una década en materia laboral, la consecuencia lógica de esto es que la feminización de la pobreza (con todo lo que ella implica) será por muchos años un tema estructural sobre el que hay que trabajar. 

Esto se constituye como un reto importante para Norte de Santander, que era en inicios de año el octavo lugar del país más violento contra las mujeres. Un dato tan preocupante como falso, porque si bien en estos temas hay un subregistro, en el diagnóstico de Cúcuta se debe sumar la cantidad de mujeres migrantes que no se acercan a pedir ayuda por miedo a que un acercamiento con la fuerza pública se traduzca en poner en riesgo su permanencia en el país. 

El 25 de noviembre se conmemora el día de la no violencia contra las mujeres, y aunque historicamente ha sido un día para visibilizar y denunciar. Este año debe ser una oportunidad para exigir una articulación eficiente entre los hacedores de política pública, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, esto permitiría generar datos reales y contundentes. 

Una vida libre de violencias para las mujeres empieza por una sociedad concentrada en el cierre de brechas estructurales y en la generación de políticas que nos acerque al goce efectivo de derechos. De ahí la importancia de avanzar en estrategias de diagnóstico hasta ahora incipientes, pero nada lejanas si se explota la capacidad investigativa que tienen las conocedoras de género en la ciudad.