El vergonzoso espectáculo de nuestra justicia, corrupta desde las bases, hasta la cúpula de la Corte Suprema de Justicia, nos abochorna y  ruboriza, ante el mundo, especialmente, ante la América.

Este tsunami, que arrasó, con la poca credibilidad que le quedaba a la justicia, nos presenta como una democracia corrupta hasta los tuétanos, pues, ni juzgados, ni tribunales, ni Corte se salvan de la hecatombe.

Lo sabido últimamente del comportamiento de flamantes expresidentes de la llamada “honorable” Corte Suprema de Justicia, era tema conocido; el presidente Uribe tuvo problemas con la prepotente Corte, que lo  molestó hasta  el cansancio.

El insaciable e inefable costeño doctor Francisco Ricaurte, magistrado de una corte y de otra y de la judicatura y aspirante ahora a la nueva corte especial para los delitos de la guerrilla,  no tiene límites, como algunos de sus paisanos del Congreso, ya por fortuna, uno, encarcelado por órdenes superiores, emanadas de la Fiscalía.

Ese expresidente es acusado ahora de tasar en  millones de pesos o dólares sus conceptos judiciales en el desprestigiado organismo judicial. En  buena hora, fue descubierto por sus andanzas vergonzantes y ahora en manos de la Fiscalía, que está llenando los deberes, que antes eran encomendados al desprestigiado organismo judicial y esperamos le sea aplicada la ley con el rigor que se merece. Y si  nuestros jueces no son capaces de impartirles correcta y oportuna justicia, llamemos a los jueces de NUREMBERG.

Ya antes, nos habían sorprendido con las hazañas de los “honorables”; aún recordamos los escándalos de sus integrantes, los regalitos de algunos mafiosos, para sus amigotes de la Corte, los paseos al Huila y otros departamentos y también por las tibias aguas del mar Caribe en cruceros de escándalo, pero tarde o temprano se iban a conocer, poco a poco, todo de lo que eran capaces, tan privilegiados exponentes de la fauna burocrática, como los expresidentes Francisco Ricaurte, ya conocido con anterioridad, por sus andanzas a la pata del dinero fácil y en abundancia; el exmagistrado Leonidas Bustos, tan insaciable por el dinero pecaminoso como el anterior, no se conforma con jugosos contratos millonarios, como el firmado con la Gobernación de Cundinamarca, por casi cien mil  millones de pesos ($100.000.000.000); y el exmagistrado y expresidente de la Corte, Camilo Tarquino, señalado también por estar implicado, como los anteriores, en componendas para modificar los fallos a favor de políticos corruptos, según denuncio de grabaciones hechas por la DEA de los Estados Unidos.   

Ante tantos señalamientos a escala nacional, y desde las elementales bases de la justicia, hasta la cúpula de la misma, son muchas las voces que claman por una reforma severa de esta rama del poder público, incluso a través de una Constituyente, pero el problema no está en las instituciones mismas, sino en la calidad moral y científica, de quienes la aplican.

Por eso se deben seleccionar con gran sabiduría y eficiencia, a quienes sean los encargados de aplicar, pronta y cumplida justicia, en el país.