El tres de diciembre, la mesa directiva del Senado de la República otorgó la Orden del Congreso en su máxima categoría, Gran Cruz con Placa de Oro, a Patricia Linares, ex presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

La resolución de otorgamiento tiene tres breves considerandos donde se justifica la condecoración. En ellos hacen un resumen de la hoja de vida de la señora Linares. En el segundo, sostienen que fue “miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y participó en la elaboración de la Constitución Política de 1991”. Es absolutamente falso. Ella ni fue constituyente ni participó en la elaboración de la Constitución. Linares no desmintió ni pidió corrección de la resolución. 

La condecoración le fue entregada a Linares el diez de diciembre, para más ironía el día internacional de los derechos humanos. En la ceremonia participaron algunos de los senadores que solicitaron la condecoración y también Griselda Lobo, conocida con el alias de Sandra Ramírez, compañera de Tirofijo y hoy segunda vicepresidente del Senado a nombre de las Farc. 

Una foto de Ramírez y Linares juntas en la condecoración se regó como pólvora en las redes y generó una fuerte polémica. La JEP, en defensa de su ex Presidente, publicó un trino que decía que “rechaza el uso de imágenes manipuladas. Pongámosle altura al debate” y puso la foto que se publicaba en redes, sosteniendo que era un fake, junto con otra en que aparecían más senadores, diciendo que esa era la foto real. La afirmación de que la foto fue manipulada es mentirosa y no tiene ningún sustento. La foto no fue alterada. De hecho, fue publicada por la misma Ramírez en su cuenta de Twitter. 

Se ha afirmado también que tergiversan quienes sostienen que las Farc condecoraron a su juez. Como dije, con independencia de quienes hayan solicitado la distinción, la concesión la hace la mesa directiva del Senado, de la que Ramírez es segunda vicepresidente. No tiene presentación alguna que las Farc, a través de su senadora, hayan participado en la condecoración y es intolerable que Linares lo haya permitido. No es aceptable que quienes deben ser juzgados condecoren a su juez y es abiertamente contrario a la ética que ese juez acepte que quienes son objeto de su jurisdicción participen en el galardón que se les otorga. 

Desde su creación en marzo de 2017 y después de haberse gastado un billón de pesos de nosotros los contribuyentes, hasta hoy no ha habido ni una sola sentencia de fondo y la única decisión relevante ha sido la de impedir la extradición del mafioso de Santrich. 

Con esos antecedentes y sabiendo como saben los magistrados que la mayoría de colombianos está convencida de que su trabajo es el de dejar en la impunidad los crímenes internacionales de las Farc, lo mínimo que habría de esperar de los magistrados de la JEP es que guardaran las apariencias. Pero no, van a retratarse sonrientes con aquellos a los que juzgan, en un acto no solo repugnante sino ofensivo y provocador con las víctimas de las Farc que ven como sus victimarios no solo no pagarán por sus delitos sino que festejan con quienes deberían juzgarlos. 

Los áulicos del pacto con las Farc han salido en gavilla a sostener que quienes criticamos estas desvergüenzas atacamos el proceso de paz. Falso también. La paz no se construye desde la injusticia y la impunidad y el desconocimiento de los derechos de las víctimas. 

Para rematar, Eduardo Cifuentes, el nuevo presidente de la JEP ha salido a decir que “la JEP está sobre la roca más fuerte […] nadie puede derogarla” y alega que en el acuerdo de paz el Estado se comprometió con la comunidad internacional. Ocurre que el pacto no fue de Estado sino de gobierno, que fue rechazado por las mayorías en el plebiscito y que pretender darle carácter de tratado internacional es una barbaridad que no tiene asidero ninguno. Y que en la Constitución no hay absolutamente nada que el pueblo no pueda tocar. El referendo, hoy más que nunca, es una necesidad.