La “posverdad” se define como la distorsión deliberada de una realidad, buscando influenciar la opinión pública, llevando a que las emociones y las creencias personales queden por encima de los hechos objetivos. Con un ambiente político tan polarizado, la historia sesgada de los Bonos Aguallevará al ministro Carrasquilla a enfrentar una posible moción de censura. Antes de colgarlo, valdría la pena complementar la información que se ha venido divulgando.

¿Sobre cuál ley se basa la discusión?

Los recursos del  Sistema General de Participaciones son los que la Nación gira cada año a los entes territoriales (municipios y departamentos). Antes de la Ley 1176 de 2007, estoseran asignados para educación, salud y propósitos generales. Laley modificó dichas asignaciones, otorgando también recursos específicos para proyectos que mejoraran la cobertura y la calidad de agua potable y saneamiento básico en los municipios.Tambiénautorizóa los municipios para constituir la figura de patrimonios autónomos,buscando garantizar el financiamiento de proyectos de acueducto y alcantarillado, que por su magnitud requieren grandes inversiones en el corto plazo.Esta figura posibilitaba que inversionistas aportaran esos recursos. Con las transferencias que la Nación haría en los años futuros,los municipios pagarían a los inversionistas.Bajo esta lógica, se crearíanaños más tarde los Bonos Agua.Esta modificaciónaprobada en el Congreso involucraba miles de actores de las distintas ramas del poder público y era deseable socialmente. Muy forzado afirmar que Carrasquilla, para ese entonces ex-ministro, la creó para enriquecerse.

¿Porqué la tasa de los bonos fue alta?

La tasa pagada a los inversionistas fue definida a través de una subasta en la Bolsa de Valores de Colombia. En cualquier emisión, la tasa depende delinterés que los participantes del mercado tengan,  influenciados por los niveles de riesgo de crédito, mercado,liquidez, legal u operacionales que se perciben. Prestarle a pequeños municipios, a través de un esquema novedoso que además parecía tener detractores en el alto gobierno, elevó esa percepción de riesgo y con ello la tasa de interés demandada por los inversionistas al UVR+8%. El diferencial de 3% con la tasa percibida por los municipios (UVR+11%) era necesario para poder costear la operación como se detalla a continuación.

¿Carrasquilla se quedó con la diferencia de las tasas?

En un proceso de emisión de bonos, participan múltiples empresas con diferentes roles.Los bonos fueron originados por el Grupo Financiero de Infraestructura (GFI), creado porinversionistas internacionales expertos en estos esquemas de financiación. Alianza Fiduciaria actuó como administrador y vocero del patrimonio autónomo creado por el originador para conectar el mercado de capitales con los municipios.Helm Fiduciaria representaba a los compradores de los bonos. La firma Gómez-Pinzón-Zuleta actuó como asesor legal.La comisionista de bolsa Corredores Asociados fue el estructurador financiero. Konfigura, la empresa fundada por Carrasquilla, se desempeñó como asesora del proceso, cobrando honorarios.No compró ni vendió bonos. Por otro lado, cualquier emisión tiene costos asociados, como la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, inscripción en la BVC, contratación de una calificadora de riesgos, auditorías y pagos al depósito de valores por la administración/custodia de la emisión. Resulta ridículo y malintencionado ignorar todo esto para afirmar que la diferencia de tasasterminó en los bolsillos de Carrasquilla.

¿Qué pasó con los recursos captados con la emisión?

El GFI los prestóa los municipios para la construcción/mejoramiento de acueductos y alcantarillados. Según la auditoría contratada por ellos, 85% de las obras tuvieron un balance favorable. La oposición discrepa y afirma que sólo 30% se ejecutó apropiadamente. Independiente de la cifra, cualquier acto de corrupción o mal uso de estos recursos es responsabilidad del alcalde que los pidió, no de quién asesoró el proceso para que los prestaran.Muchos alcaldes actuales manifiestan su malestarcon el esquema, pues parte de los recursos que llegan del SGP van a pagar la deuda que administraciones anteriores adquirieron.

Finalmente, considerando que la empresa creada en Panamá se usó para llevar recursos del exterior hacia Colombia (no al revés) y que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía en casi una década no han tenido reparos sobre lo ocurrido, habría dudas razonables sobre los señalamientos que le hacen al ministro.