A los colombianos se les ha enseñado e impuesto la versión oficial de la historia y del manejo institucional de la nación. Una versión con predominante maquillaje de bondad, ocultando al mismo tiempo todo lo negativo, cuya suma es mayor.

Hay intencional exageración en los balances de algunos personajes, a los cuales se les encumbra como ejecutores de acciones redentoras, cuando la realidad hace evidente que han causado más daños que beneficios. Es el caso del expresidente Álvaro Uribe, a quien se le ha puesto una corona de éxitos por supuestos beneficios al país, sin tomar en cuenta que en sus 8 años de gobierno no se construyó la paz y en cambio proliferaron acciones criminales como los llamados falsos positivos. En esos dos períodos también se fortalecieron los paramilitares, se entregaron recursos millonarios a familias de terratenientes en detrimento de la población campesina cada vez más pobre. Fue tan ostensible el abuso del poder que muchos de los empinados servidores de la administración terminaron condenados o judicializados por desatinos de ilegalidad en sus actos. Otros se arriesgaron a ser prófugos o se metieron por diferentes atajos. ¿Pero cómo hablar de grades soluciones de gobierno cuando el país mantuvo sus indicadores de desigualdad social, de déficit en educación y salud y en atrasos inocultables? ¿Por qué no se le puso fin al conflicto armado y en cambio se restringieron derechos y libertades?

No es ese el único descarrilamiento de la muestra en color rosa de Colombia. Son muchos los engaños con que se oculta la realidad lacerante del país. Hay capítulos sombríos que no se tocan porque comprometen a los sectores dirigentes beneficiados con la explotación del poder. Allí están los delincuentes de cuello blanco en su farsa recurrente.

El más reciente capítulo de ese juego sucio y criminal todavía está en efervescencia y tiene como actores a servidores y entidades públicas de Colombia y de Estados Unidos. La Fiscalía de la nación y la DEA norteamericana en sombrío y punible ayuntamiento. Se fraguó el entrampamiento para hacer aparecer a Jesús Santrich, cuando todavía estaba con los desmovilizaos de las Farc y había firmado el acuerdo de paz, como narcotraficante. A eso se habría prestado desde su cargo de Fiscal de la Nación Néstor Humberto Martínez, según lo afirman senadores que le han hecho debate en el Congreso.

Es un montaje perverso, propio de personas en situación delictiva. Comparable a cualquier atrocidad de combatientes en armas o guerrilleros. ¿En qué queda la autoridad, y qué título puede tener validez para buscar el manejo del país?

Esos que han financiado grupos de violencia o se han comprometido en la corrupción y en cualquier forma de ultraje a la nación no deben tener opción de poder. Son capaces de lo peor.

Puntada

El grave problema de la destrucción de San Andrés le está quedando grande al Gobierno.

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