La prensa nacional ha dado cuenta en estos días, de diferentes escándalos de la justicia en todo el país. Las denuncias de la corrupción del Tribunal del Meta, en donde aparecen varios magistrados y exmagistrados del Tribunal comprometidos en negocios turbios e ilegales, que los han llevado a la cárcel, son  vergonzosas.

El problema viene de tiempo atrás. Cuando el general Gustavo Rojas Pinilla se tomó el poder al derrocar al presidente Laureano Gómez, uno de sus primeros actos de gobierno, fue destituir a la Corte Suprema de Justicia, por corrupta, dijo entonces que lo era tanto, que los magistrados deberían ir a la cárcel, y los presos, instalarse en la Corte Suprema a conocer las leyes, y designó una Corte de Justicia de lujo, encabezada por el doctor Carlos Arango Vélez.

Lo que nos faltaba, dos magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, encarcelados o a punto de serlo, por orden del fiscal General de la Nación, por corruptos en el ejercicio de su mandato, haciéndole pagar a Ecopetrol, empresa del Estado, costosas e ilegales prestaciones ficticias a trabajadores y extrabajadores, de la entidad; y si esto ocurre con una empresa del Estado, tan conocida, como la petrolera, ¿qué no ocurrirá con los desprotegidos ciudadanos de a pie?

Si ese, es el comportamiento de los magistrados, el actuar de los jueces, no es menos delictuoso. Se sabe de algunos jueces y juezas que delinquen al emitir sus fallos. Por algún almuerzo  o unos pocos pesos o por presiones de parientes tracaleros, condenan a inocentes, como nos consta y dejan libres, a verdaderos duchos en violar las leyes. Alguna vez se dijo que nuestros jueces enviaban a la cárcel a los inocentes que debían absolver y absolvían a delincuentes que debían ser condenados. Una jueza venal y prevaricadora, nos condenó por injuria, porque le recomendamos a un médico que volviera a la facultad, porque no sabía tratar una emergencia; no obstante que nos retractamos en forma oportuna, la  prepotente jueza prevaricó, a ciencia y paciencia.

Ese es el INRI que lleva encima el pueblo colombiano, impuesto por los corruptos y bandidos salidos de las cárceles españolas que nos conquistaron y colonizaron y que a través del tiempo se proyecta y prolonga su actuar delictivo y pecaminoso.

El actual régimen colombiano está señalado por numerosos actos de corrupción desde las altas esferas gubernamentales, en los siete años de ejercicio del  poder, desde recibir de manera ilegaldineros de empresas extranjeras, hasta repartir gratuitamente, en forma de la llamada mermelada, los dineros del Estado, que no son para regalar, sino para construir las obras que el país necesita.

Y el mayor foco de corrupción, está en el sitio, en donde no debiera estar, por ser el templo de las leyes, el Congreso de la República, donde desafortunadamente, parlamentarios, que no se conforman con los elevados sueldos que se ganan, buscan aumentarlos, violando las leyes y la elemental decencia personal; y si esto, ocurre a nivel nacional, en los departamentos y municipios, ocurre tanto como lo anterior.