En 1991 un amplio consenso político forjado desde la ciudadanía hizo posible una nueva Constitución, firmada por representantes de un país pluricultural y multiétnico que había decidido el cambio pacífico. 28 años después de esa epopeya democrática es urgente un nuevo pacto social y político. No un acuerdo de élites, sino uno que interprete las nuevas realidades de una Colombia distinta a la de entonces. 

En 1990 los jóvenes entendimos que había llegado la hora de derrumbar pacíficamente la muralla legal que por 100 años había impedido una profunda transformación social y política. La Constitución de 1886 era una camisa de fuerza que mantenía a Colombia atada al pasado y a la violencia. En las aulas universitarias germinó la idea de una Constituyente, que se convirtió en una sinfonía de voces que traspasó todos los límites y fronteras. De las aulas pasamos a las calles, y al grito callado de la Marcha del Silencio en 1989, se unieron las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, los medios de comunicación, la Iglesia y luego las altas Cortes. 

Una democracia fuerte no puede sentir pánico con la protesta social. Ni la deslegitima, ni muchos menos la menosprecia, la estigmatiza o la distorsiona con propaganda sustentada en el miedo. Una democracia fuerte reconoce la legitimidad de la protesta social y hace de ella una oportunidad para escuchar el latido profundo de la opinión pública, sintonizarse con los nuevos tiempos y enderezar el camino. Y dependiendo de los decibeles que alcance el coro ciudadano y la dimensión de sus reclamos, un líder visionario tiene en sus manos un menú de salidas pacíficas a las crisis, que incluyen respuestas sociales efectivas a viejos problemas.

Un gobierno democrático entiende que la salida a la crisis no es la fuerza arbitraria, sino el diálogo social que impide llegar a los caminos sin retorno que conducen las sociedades al abismo de las tiranías, el populismo y las revoluciones sangrientas. En el 90, los estudiantes demostramos que sin violencia se podía lograr la más grande transformación del último siglo.

En un gobierno democrático es el diálogo social el antídoto para la fiebre de los extremos políticos y el regenerador de la confianza extraviada entre la clase dirigente y las organizaciones sociales; entre el Estado y la gente. Es hablando, no destruyendo, como las sociedades construyen su futuro. Es llegando al corazón de los pueblos como se gestan las transformaciones que marcan su destino. Es urgente sentar las bases que hagan posible un gran acuerdo político que impidan que Colombia pierda el rumbo democrático, la polarización nos gane la partida y el odio nos destruya el futuro.

El paro convocado por diversos actores sociales y políticos el próximo 21 de noviembre debe ser visto como una oportunidad para establecer una gran mesa de diálogo social que conduzca a un amplio consenso político. Una oportunidad para que el país se sacuda de los extremismos. No puede ser visto como un día D para medirle la capacidad de respuesta al Estado por la vía de la violencia, sino como un día D para fortalecer la democracia por el camino del diálogo. 

El Ministerio Público ha promovido el diálogo social a lo largo del territorio, sentando en un mismo escenario todo el espectro ideológico y social, para generar confianza y buscar salidas. El 21N no es el día cero para incendiar a Colombia. No es el día del encapuchado que oculta su cara para demoler instituciones sino el día del ciudadano que exige fortalecerlas en clave de justicia social. 

Por eso, el primer y más urgente llamado es a rechazar la violencia y la injerencia abusiva de los actores armados ilegales. Nadie que use la violencia o esté armado puede reclamar el derecho a ser escuchado. Solo quienes levanten la bandera de los cambios pacíficos pueden tener asiento en un pacto social que nos vacune definitivamente contra la epidemia que vive el vecindario incendiado. 

En el proceso de 1991 que hizo posible la Constitución que nos rige, es precisamente el manual que contiene todas las respuestas a tantas preguntas pendientes. La gran tarea de las nuevas generaciones es hacer realidad nuestra Carta y seguir adelante. La Procuraduría será garante de que el 21N sea una protesta para exigir respuestas sociales sin violencia y no una fatal emboscada a la democracia.