Nadie se salva de la responsabilidad del desastre de Electricaribe. Ni la empresa ni el Gobierno Nacional ni los políticos ni la comunidad pueden decir que fueron ajenos a este final que tiene una grave consecuencia: hoy en Europa ven a Colombia como Venezuela, Ecuador o Argentina en materia de protección de la inversión extranjera. Otro duro golpe, uno más que da este Gobierno, a la necesaria confianza que deben tener los inversionistas nacionales y extranjeros al tomar la decisión de colocar sus recursos en un país. 

Empecemos por el Gobierno. El modelo no es el culpable. La ejecución, que tiene como primer regulador al Gobierno Nacional, falló. Lo primero fue el retraso en el pago de subsidios. La mermelada sí la entregó con afán pero este tema siempre fue la piedra en el zapato en la relación empresa-Gobierno. Es más, el Gobierno Nacional nunca ayudó ni utilizó su capacidad regulatoria o de presión para que se diera el pago de energía de alcaldías, hospitales, colegios, brigadas, cuarteles, en fin, de entidades públicas de todo orden. Además, sin actualización tarifaria por zonas complejas y sin colaboración alguna para reducir el fraude, el gobierno nacional dejó sola a Electricaribe para dar esas batallas que, sin colaboración alguna de gobernaciones y alcaldías, libro de manera fallida. 

Miren la diferencia con lo que sucedió en 2002. En octubre de ese año, Electricaribe sacó la mano e iba a apagar más de 100 municipios de la Costa con más de 600 corregimientos. Adujeron, las mismas razones: falta de pago y fraude. El entonces ministro Luis Ernesto Mejía, la superservicios Eva María Uribe y Electricaribe se arremangaron y durante 8 años solucionaron el problema. 

¿Cómo? Con trabajo con la comunidad y con firmeza. En mesas tripartitas –Estado, comunidad y empresa- se firmaron acuerdos de formalización y pago, con medidores comunitarios y medidores prepago, con inversiones por parte de la empresa y del Gobierno y con ayuda de los alcaldes que nunca se materializó. Electricaribe se ‘costeñizó’ y entendió que había que adaptar el modelo de negocio. El ministro salía en televisión de la Costa con un mensaje: quien no paga se apaga. Y los recursos fluían. 

Ese trabajo murió con este Gobierno y con la compra de Fenosa por parte de Gas Natural. Ahí arranca de nuevo el drama que llevó a la decisión de liquidación. Electricaribe no entendió que el gas es distinto a la luz, el primero no se roba el segundo sí, bajó la guardia en el tema comunitario y se recostó en la idea del flujo de subsidios. 

El Gobierno, por su parte, entregó grandes recursos de inversión a los alcaldes, que se perdieron en la gran mayoría, en vez de a la empresa para obtener mejores resultados y mejor calidad en el servicio. La deuda de los entes gubernamentales se creció a 1 billón de pesos y asimismo la gente dejó de pagar por la mala calidad del servicio y por la cultura de no pago que ante un Gobierno flojo en ese sentido vio como era impune no pagar el servicio. 

Finalmente, la comunidad y los políticos son también son responsables. Unos por alcahuetear el no pago y otros por no pagar. Electricaribe de cada peso que recibe debe entregar de manera directa 80 a los proveedores del servicio. Los otros 20 son para mantener redes, para cobrar y hacer todo el trabajo de gestión de llevar la luz a las casas y a las entidades. Los alcaldes y gobernadores nunca trabajaron en el tema del pago de su deuda y de la cultura de pago y contra el fraude que creció en el gobierno de Uribe pero ahora se desplomó. El ciudadano alega el mal servicio y la empresa no tiene como mejorarlo. Ese círculo vicioso no se logró romper y por eso se llega la liquidación. 

Sin duda la comodidad de Electricaribe tiene mucho que ver. Ahora solo esperan una demanda internacional que seguramente van a ganar. Pero lo grave es que quien reciba el negocio de entregar electricidad a la Costa hereda el mismo problema sin solución a la vista. Un Gobierno indiferente. Unos gobernadores y alcaldes que se quejan pero no pagan y no ayudan. Y una comunidad que ve cómo se deteriora el servicio. 

Lo que falta es que volvamos al pasado y le entreguen esa empresa a la clase política costeña que se la robó cuando la manejó. Mejor, buscar empresas privadas serias y dividir la prestación del servicio en la Costa para que varias se hagan cargo del problema y las que vayan solucionando la calidad en el servicio y el pago puedan crecer frente a las que no. 

Por ahora, la Costa tendrá que aguantar que este gobierno indolente asuma el manejo de la empresa y de la solución a este embrollo. Y solo podemos esperar más equivocaciones de un gobierno que va en su séptimo ministro del ramo y que deja a Colombia en la ruina energética y minera.