En tiempos del Covid-19 surgen frases muy elocuentes y llenas de esperanza.
El virus
¡El mundo cambiará! ¡Nada será igual! ¡La empatía, la solidaridad y la acción colectiva pueden hacer la diferencia! ¡Una vez superemos la doble crisis, nuestro país no será el mismo!
Ojalá.
Este país lo requiere y en los territorios donde cada uno vive su cotidianidad son pocos los que tienen posibilidades reales de tener acceso a los servicios sociales con eficiencia y calidad.
Por ejemplo en seguridad y justicia en muchos territorios, los colombianos viven el día a día entre un orden formal muy ineficiente y corrupto, y otro paralelo muy siniestro y sangriento.
En educación, cientos de miles de nuestros jóvenes asisten a una institución educativa donde se ofrece una formación poco pertinente, no inclusiva y de baja calidad.
En salud, la red hospitalaria pública está al borde de la quiebra con un personal humano y una infraestructura colapsada por las circunstancias de todos los días. Parece un mundo macondiano pero las salas y los pasillos de los hospitales son un escenario donde muchos han vivido esta realidad que puede ser invisible para una minoría.
Es cierto que el país ha logrado cubrimientos casi universales en salud y en educación, pero estos logros en cobertura y en calidad se distribuyen de modo diferenciado en cada departamento y municipio. Luego, este tipo de desarrollo tan desigual genera exclusión, muchos privilegios y una cancha desnivelada que hace de la resiliencia una hazaña que se magnifica socialmente sin corregir los factores estructurales que generan las barreras y el consecuente estado de iniquidad.
En seguridad y justicia seguimos en deuda y por cierto con desarrollos muy divergentes como ocurre en una ciudad como Bogotá o un lugar como el Catatumbo donde las carencias institucionales y las expectativas de la población son tan diferentes y abismales.
El virus del Covid-19 ha permitido mostrar una realidad avasallante que nos pone a prueba como sociedad: las desigualdades territoriales. En medio del virus y del aislamiento físico, grupos criminales de forma sistemática siguen asesinando líderes sociales.
La red hospitalaria pública tiene carencias en dotación como es el caso de laboratorios y de salas disponibles con camas y equipos adecuados para atender los “casos normales” y los atípicos a raíz del virus.
Pocas universidades se han adaptado con éxito a la virtualidad y al hacerlo se revelan diferencias en las capacidades institucionales y en los recursos que poseen los hogares.
Por otro lado, piense usted en un niño o una niña que estudie en un colegio oficial de Cúcuta o del Chocó y cómo estos infantes se adaptan a los entornos virtuales dinámicos, añada que en sus casas el espacio es reducido, no hay baños y carecen de un equipo con conectividad. Sus papás sobreviven con el rebusque diario; esa economía informal que antes del virus estaba cercada por las autoridades al estilo Trump y explotada por las bandas criminales con el goteo y por medio de un impuesto subterráneo.
En este contexto, las medidas de política implementadas por el gobierno central y las autoridades locales son reactivas y remediales, necesarias por supuesto pero insuficientes para superar el estado de cosas existente.
Con el paso del tiempo y cuando el virus no sea una amenaza se abre una ventana de oportunidad para reorientar el sistema tributario y el gasto público bajo criterios de eficiencia, progresividad y equidad.
Ojalá, este virus también sea una oportunidad para cambiar las perspectivas ciudadanas y la acción colectiva. Habida cuenta que un festín en época electoral, un mercadito hoy con altos precios en el Secop o una gabela tributaria temporal no son suficientes para mejorar los servicios sociales (los bienes públicos) para el desarrollo sostenible de un país tan diverso y desigual como Colombia.
**Docente e investigador de la Universidad Libre (Seccional Cúcuta). Twitter: @jramiz17
Email: jramirez7801@gmail.com
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