El 2021 es un año de expectativas en materia de decisiones en procesos judiciales. El país está a la espera no sólo del proceso de Álvaro Uribe, a quien se le investiga por manipulación de testigos, sino de la despenalización del aborto, pronunciamiento crucial de las cortes que significaría un avance en materia de derechos humanos: los derechos humanos de las mujeres (entre los cuales se incluye el goce de los derechos reproductivos).

Despenalizar la interrupción del embarazo eliminaría la criminalización a la que se ven sometidas las mujeres o niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad cuando solicitan un aborto o intentan obtener atención médica post aborto por complicaciones. Del mismo modo, esta criminalización también afecta al personal médico, ya que puede provocar que profesionales de la salud no brinden atención de emergencia por temor a una persecución penal o estigmatización. Adicionalmente, la criminalización no reduce el número de abortos.

Los escenarios que han llevado a algunos países, como recientemente lo hizo Argentina, a tomar la decisión de legalizar el aborto son protagonizados por niñas que fueron violadas, por jóvenes a las que sus parejas traicionaron quitándose el condón durante el acto sexual sin su consentimiento, por mujeres que no pudieron acceder a métodos anticonceptivos y cuyos compañeros sentimentales las obligan a tener relaciones sexuales si no quieren ser golpeadas; no por “adolescentes irresponsables que se van con los novios”, como afirman algunos.

Comprender estos escenarios nos llevará a comprender, como sociedad, que el derecho a parir no se ve amenazado de ninguna manera por el derecho a decidir. El aborto podrá ser legal, pero no quiere decir que sea obligatorio.

Opinar desde una visión particular, subjetiva y en muchos casos privilegiada, lleva a hacer afirmaciones como: “Si se da vía libre, abortarán cientos de miles de mujeres irresponsables”, como si la legislación motivara los abortos. Así como la ley que ha aprobado la eutanasia en otras Naciones no favorece ni estimula los suicidios, tampoco una decisión judicial a favor de la despenalización generará más abortos, simplemente se evitarán muertes por complicaciones y la criminalización de niñas y mujeres.

La pandemia demostró que, en determinados contextos, las libertades de los ciudadanos pueden verse limitadas o restringidas. Por ello, necesitamos contar con más garantías de libertades. No hay por qué sentir vértigo por el progreso.

Colombia está estancada en la Sentencia C-355 de 2006, que estipuló lo mismo que la ley argentina en 1921. Cien años después, la marea verde como revolución feminista en movimiento e intergeneracional está logrando importantes transformaciones en América Latina. Que la marea sea verde es tan solo una hermosa casualidad.

El derecho a interrumpir un embarazo, combinado con mayor acceso a la información y métodos anticonceptivos será la clave de una revolución sexual. Más información no sólo para evitar que más niñas y mujeres mueran por complicaciones obstétricas, sino para evitar pensar que el aborto es una consecuencia del libertinaje.

Hay expectativa por esta decisión judicial porque la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo ampliaría los derechos de las mujeres y lograría que decidir deje de ser un privilegio de aquellas que tienen recursos.