Con lo que ha sucedido por estos días en Cúcuta con la tragedia invernal de la urbanización Los Arrayanes, sus imágenes son conmovedoras, no se sabe al final que es más dramático: si la misma tragedia o la respuesta vacía e inocua del gobierno en cabeza de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez “hay que ser implacables y evitar cualquier asentamiento subnormal que se vaya desarrollando……. Es necesario, meter en cintura a las mafias de las invasiones ilegales”. 

Esas son las mismas palabras que todos los gobiernos en muchos años de la historia de Colombia dicen los gobernantes en Chocó, Putumayo, La Guajira y por estos días en San Andrés con la destrucción de más del 90% de la isla. La verdad es que el gobierno porque más que tenga la voluntad de acabar con la mafia de los urbanizadores, no está en capacidad de hacerlo entre otras cosas porque muchas de esas mafias financian senadores, alcaldes y gobernadores. 

Por ello es tan desolador las palabras de la vicepresidente como la misma tragedia. Sin duda podrán estar bien intencionadas las palabras de la doctora Ramírez, pero ella sabe que son en vano, que en últimas los habitantes de Los Arrayanes tendrán que salir de su angustia como puedan, y en pocos días ellos también. Y aquí aparece otra realidad desoladora de muchas alcaldías de Cúcuta: Si hay algo que han hecho algunos alcaldes de Cúcuta es negociar con los POTS, hacer acuerdos indebidos, aprobar planes parciales que no se ajustan al desarrollo urbano. Cormonares es una prueba de ello. Por eso más del 60% de las urbanizaciones en Cúcuta son subnormales. Aquí en Colombia es más probable que primero caigan algunos gobernadores y alcaldes que las mafias mismas. 

Frecuentemente las respuestas del gobierno frente a una tragedia o una propuesta no son lo más afortunadas. 

Hace un mes hubo mucho temor en el país por la manera como podría tomarse La Minga indígena la capital del país. Había pánico, y Duque hizo lo peor como le suele suceder. Mientras los indígenas venían para Bogotá, el presidente envió a sus representantes al Cauca, cuando los indígenas ya no estaban allá, y el país esperó lo peor. El resultado no lo esperaba nadie: La Minga protestó pacíficamente, no hubo el más mínimo enfrentamiento con la policía, y hasta limpiaron el sitio en donde se alojaron, tomaron sus cosas y se fueron a sus tierras. Dieron una lección de una protesta.                        

Y lo peor de la desolación es que urbanizaciones como Cormonares y los Arrayanes se seguirán construyendo, y cuando vengan más temporadas invernales, seguiremos viendo las mismas terribles escenas, mientras la clase política seguirá obteniendo votos de esas mafias ilegales y los POTS seguirán siendo oportunidades perdidas porque no responden a las necesidades urbanas de una ciudad, a un plan de desarrollo serio, y por ello en ese campo el futuro no será el mejor.

Llama la atención la columna del pasado viernes de Bachir Mirep quien aborda muchos de estos temas, escrito en el que se plantea precisamente la urgencia para que la ciudad redireccione sus políticas, formule proyectos que tengan aceptación y credibilidad y así evitar este panorama desolador que se toma la ciudad.

En efecto, si a la tragedia que vive el mundo con el Coronavirus se le suma los estragos del invierno, la incontenible migración venezolana, y además con unos gobernantes desacertados, la confianza del ciudadano se agota y estaremos condenados a una interminable espiral de desconfianza, de falta de legitimidad política y de incapacidad para resolver nuestros grandes problemas de ciudad y de país.