Hacer balances sobre la marcha de cualquier programa, proyecto o política pública, siempre permite lecturas diversas e interpretaciones controversiales. En este caso se trata de un Acuerdo entre el Estado colombiano y la antigua insurgencia de las FARC –con una temporalidad acordada de quince años-, que conlleva diversas dimensiones y programas y adicionalmente tienen que ver con diferentes ramas del poder público. 

Primero debemos decir que, a diferencia de lo que seguramente aspiraban Gobierno y FARC, no fue un Acuerdo para cerrar el conflicto armado, sino un Acuerdo con una insurgencia, las FARC, que más allá de que se tratará de la más numerosa y con mayor capacidad de daño, era un actor del conflicto; queda pendiente lograr un acuerdo con el ELN y los remanentes del EPL y las FARC, además de buscar salidas con otros actores delincuenciales como los grupos de crimen organizado que inciden en la actividad del narcotráfico y otras rentas ilegales y adicionalmente son factores de inseguridad para la población civil. Desde el primer acuerdo firmado con el M-19 en 1990 hasta el actual con las FARC lo que hemos venido haciendo los colombianos es tratar de ir construyendo paz incrementalmente. 

Lo que llevamos de implementación permite hablar de resultados positivos, de retrasos y por supuesto de la esperable controversia política que conllevaría la implementación, porque es muy posible que ya sea con el actual gobierno, con el anterior o el que siga, siempre habrá diferencias de enfoque entre lo que desearía que se hiciera, desde la óptica del Partido FARC y la de los diferentes Gobiernos. Por ejemplo, acerca de cómo concebir el desarrollo territorial, no es fácil que se logren coincidencias, o acerca de otras dimensiones el Acuerdo y eso era algo esperado. 

Los aspectos positivos más destacados se sitúan en que los más de catorce mil combatientes de las antiguas FARC dejaron de serlo, dejaron sus armas y están en serios procesos de reincorporación –social, política, económica, territorial- pese a los pocos que lo abandonaron; han dejado de morir miles de compatriotas, de población civil, de miembros de la Fuerza Pública y de la insurgencia, como resultado de la confrontación. Hoy tenemos un Estatuto de Oposición que tiene al candidato presidencial que ocupó el segundo lugar como Senador y la candidata a la Vicepresidencia en la Cámara de Representantes, la oposición tiene el derecho de réplica y otros derechos que de allí se derivan y que mañana, si hay alternancia en el Gobierno los tendrá a disposición la nueva oposición.

Hay congresistas del partido FARC, dentro de las medidas de favorabilidad política para los antiguos insurgentes. Está en funcionamiento la Justicia Especial para la Paz, JEP, con siete macro-casos abiertos y seguramente próximos en el siguiente año a expedir las primeras sentencias sancionatorias; igual, la Comisión de la Verdad adelantando a toda marcha su trabajo, para entregarle a los colombianos el próximo años sus informes y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas por razones del conflicto en su tarea de buscar y encontrar a muchos de los desaparecidos. Está en marcha el piloto del Catastro Rural Multipropósito, fundamental para todo el tema agrario; igualmente los dieciséis Pedets están comenzando a funcionar en las regiones. 

El gran lunar, la seguridad; expresado en el asesinato de los excombatientes de Farc y de los líderes y lideresas sociales, la vuelta de masacres y la presencia de grupos de crimen organizado disputando las rentas ilícitas. 

Los grandes pendientes, las dieciséis curules para las víctimas de los territorios Pedets, que está en manos de decisión del Consejo de Estado, e impulsar los demás temas agrarios.