La COVID-19 ha generado efectos económicos y sociales, que todavía no podemos calcular, pero indiscutiblemente marcará el devenir de los próximos años de todas las regiones del mundo. Ha medido el calibre de la capacidad del Estado, el mercado y de igual forma la sociedad para hacerle frente, y ha revivido viejos debates sobre el papel de estas instituciones sociales.  La crisis se manifiesta de tres formas, un shock de oferta, como afectación a la cadena de suministros, cierre y parálisis de la producción; el otro aspecto es el shock de demanda, caracterizada por el desempleo y la incidencia en grupos poblacionales más vulnerables; y por último los problemas de liquidez que afectan la economía mundial. Colombia y Norte de Santander no son ajenas a estas implicancias, según la CEPAL hay unos canales de transmisión de la crisis que nos afectarán, por un lado, la disminución de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales, también la desaceleración de sectores vitales para la economía  (turismo y las actividades conexas a ella, etc.) que  se han visto fuertemente golpeados, combinado con una caída de los precios de la materia prima, del petróleo, una caída de la demanda de activos financieros y la depreciación de la moneda (la salida de inversión),  que generarán un escenario aciago.

Dado lo anterior el territorio se enfrenta a un gran desafío por varias razones, una crisis de vieja data, alta informalidad, desempleo y pobreza, presión migratoria, debilidad en el sistema de salud, base exportadora de materias primas, dos socios comerciales importantes en crisis, y un Covid-19 que no da tregua. Una pregunta que puede ser retorica es ¿qué hacer en la región?, no hay recetas mágicas, pero si perspectivas que pueden servir de insumo, lo cual no es una prosa de originalidad. 

Es importante tener claro la escala e interdependencia de la crisis, no tener miradas parroquiales, lo que ocurre en China y Estados Unidos nos afecta; en segundo lugar es clave la coordinación entre el gobierno nacional y las administraciones territoriales, engranadas con el sector privado y la sociedad, es lo que el profesor Pablo Sanabria llama “colaboración intersectorial y gobernanza colaborativa”, lo que demanda un capital social fuerte para resolver las tensiones y asimetrías entre las parte, y actuar de manera asertiva a la incertidumbre de la crisis, que exige como dice el profesor  respuesta inéditas. Un tercer elemento es no otear la realidad como gueto, entre lo “social” y “económico” como asuntos separados, (las transferencias monetarias y la inyección de liquidez a las empresas) por ejemplo en el área metropolitana de Cúcuta el 97,3% del tejido empresarial son microempresas, con un promedio de 5 trabajadores por firma, de las cuales el 86% son persona natural, y el 78,9% tiene activos entre 1 y 5 millones de pesos, concentradas sectorialmente en comercio, manufactura y alojamiento (sectores vulnerables), y si buscamos la información sobre la distribución espacial de estas firmas, se encontrarán en las comunas populares, donde también esta gran parte de la población más vulnerable y que en su mayoría conforman la fuerza laboral formal e informal de estas firmas. Lo anterior implica mejorar los sistemas de información en dos sentidos, cruzar información para identificar y tener claridad del perfil socioeconómico de los grupos poblacionales y las firmas; y en segundo lugar, que la información llegue a la gente y la conozca (reducir la asimetría de la información), lo social y económico son interdependientes, se pueden generar instrumentos y políticas públicas  a nivel local focalizadas, articuladas con lo nacional y nutridas por los actores e instituciones sociales (Universidades, gremios, JAC, etc.). 

Si no se llega a la microempresa con liquidez y formas más ajustadas a su realidad (no solo la opción crédito por medio de la banca privada) y a toda la población vulnerable, nos enfrentamos a una recesión económica, y para exagerar, a una distopía.