En el manejo de las ayudas dirigidas a los colombianos más necesitados, afectados durante este periodo de estado de emergencia decretado a raíz de la pandemia de la COVID-19, ya se advierten hechos irregulares por posibles actos de corrupción. 

La contingencia surgida por una cuarentena tan prolongada genera problemas de subsistencia para muchos sectores, en especial para aquellos que hacen parte de la cultura del rebusque, que a diario tienen que salir a las calles a ganarse el sustento para sus familias. Las personas de estratos bajos son destinatarios de la mayoría de los recursos reservados por el Gobierno Nacional en el marco de esta emergencia y de las donaciones del sector privado, los servidores públicos -con el impuesto solidario- y la ciudadanía. Sería lamentable, además de vergonzoso, que tanto esfuerzo que se está haciendo para no dejar desamparada a la población más desfavorecida, sea aprovechado por los oportunistas. Sucedió en anteriores ocasiones. 

Hay que impedir hechos de corrupción como los registrados con la asistencia a los damnificados de la avalancha en Armero, el terremoto en el eje cafetero en 1999 y el desbordamiento de ríos en Mocoa, para referenciar unos ejemplos. En Armero se perdieron toneladas de elementos entregados por la comunidad internacional, otros terminaron en las casas de recreo de funcionarios encargados del manejo de la logística para la atención del desastre y los de mayor valor, como ambulancias donadas por Japón, Europa y Estados Unidos, simplemente no llegaron a su destino. Sin hablar del dinero que fue recaudado, que se estima que habría alcanzado para reconstruir la población y entregarle casa a cada uno de los sobrevivientes, cosa que no ocurrió. Se inscribieron como damnificadas 65.000 personas y Armero tenía unos 40.000 habitantes, más de la mitad fallecieron en la avalancha. Situación similar pasó con el terremoto del eje cafetero, donde bienes acopiados no llegaron a los afectados y el dinero fue desviado o despilfarrado en costosa burocracia. En Mocoa las ayudas humanitarias se dañaron en las bodegas de acopio. 

En el contexto actual de manera oportuna la Contraloría, acompañada de los demás organismos de control, advierte que existen sobrecostos en alimentos y equipos médicos que están siendo adquiridos por diferentes entes territoriales para atender la emergencia. Hay inconsistencias en la compra de productos incluidos en los mercados entregados a familias de escasos recursos, que alcanzan precios que superan hasta cinco veces el valor de las centrales de abastos. Algunos apoyos se han entregado a población que no es vulnerable. También se suscribieron contratos que poco tienen que ver con asistencia social, como ambiciosas campañas publicitarias para mostrar resultados en medio de la contingencia, con claros fines políticos. 

Es fundamental garantizar la transparencia, evitar que la corrupción ponga sus manos en los recursos de los más pobres. Bajo el amparo del estado de emergencia los entes territoriales están facultados para hacer contrataciones directas, esa coordinación debería estar centralizada y tener la lupa de los órganos de control. No puede seguir pasando que la corrupción se lleve el alimento de los más necesitados.