Las consecuencias de la negativa por parte del Gobierno Nacional ante promover la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos impactan directamente a los gobiernos locales. En los territorios rurales, a cientos de kilómetros de Bogotá, las comunidades resienten la incapacidad del Estado de llegar (luego de décadas de abandono) para satisfacer sus necesidades, a la vez que los actores ilegales que sí hacen presencia ganan más terreno. 

A gran parte de los académicos que se enfocan en el desarrollo alternativo y el desarrollo rural legal le preocupa que la erradicación forzada está tomando cada vez más fuerza a la hora de enfrentar los cultivos ilícitos, en lugar de fortalecer la implementación de los planes que ya han sido concertados con las comunidades para sustituir voluntariamente, como está planteado en el Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS). No obstante, también es una señal de alarma los condicionamientos que se le han añadido a los PNIS por parte de diferentes asociaciones políticas. 

El desarrollo estatal no puede ser una condición a priori de la sustitución, es decir, se vuelve mucho más compleja la problemática cuando se le exige al Estado en el corto plazo la implementación de acciones que a todas luces corresponden al desarrollo rural en un mediano y hasta un largo plazo: Por ejemplo, infraestructura vial, acueductos veredales, mantenimiento de espacios públicos, etc., para empezar a sustituir. 

La sustitución y el desarrollo de obras de infraestructura social de ejecución rápida deben ir a un mismo ritmo, y no supeditar una a la otra, de lo contrario, se tendería a favorecer las estructuras criminales y fortalecer la cadena productiva, como se ha señalado en artículos como el de Laura Moreno (2020) sobre la relación entre la construcción de placa-huella y el desarrollo de actividades ilegales (ataques a la población civil o a la infraestructura pública).

El llamado no es a desanimar las inversiones en infraestructura vial en zonas azotadas por el conflicto armado, sino a ejecutarlas sin perder de vista el gran desafío que significa competir contra una economía que produce alrededor de doscientos millones de pesos por hectárea por año, según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia. La lucha contra las drogas ilícitas es claramente una competencia entre los recursos públicos y los recursos de la mafia, donde el Estado se encuentra en desventaja. Las mafias tienen la capacidad de mover grandes sumas de dinero entre cultivadores y recolectores de manera rápida, en efectivo y sin controles, mientras que el Estado ejecuta los recursos a un ritmo más lento, con mayores limitaciones. 

Por esto, el sueño de la sustitución en el que han creído más de 99.000 familias debe asumirse con el compromiso que este requiere, y como ciudadanos debemos acompañarlo desde nuestro potencial colectivo. Vale la pena recordar que la resiembra en Colombia en 2019 alcanzó las 69.000 hectáreas, de las 94.000 hectáreas que fueron erradicadas militarmente, lo quiere decir que hay un 85% de rebrote en la estrategia de erradicación forzada (según Indepaz), mientras que el rebrote en áreas erradicadas voluntariamente no supera el 0,4%. 

La activación de la economía legal en las zonas impactadas por economías cocaleras es fundamental para avanzar en el punto 4 de los Acuerdos de Paz, y no sólo el Estado tiene un rol en este propósito. Tanto los gobiernos locales como los ciudadanos de a pie pueden aportar a las 99.000 familias que han creído en la sustitución voluntaria en el país, comprando en los mercados campesinos, apoyando los productos locales en vez de los importados o provenientes de otros departamentos, haciendo turismo local, etc. 

Para vencer esa competencia asimétrica que existe a la hora de reducir los cultivos ilícitos en el país, como ciudadanos tenemos un poder importante: Debemos exigir el desarrollo de la Reforma Rural Integral y demandar la promoción del desarrollo alternativo. Para que nos motivemos aún más: No podemos olvidar que Cúcuta es el único municipio de primera categoría con hectáreas de coca, y que hay cientos de familias esperanzadas en el sueño de la sustitución.