Cualquier Estado que busque ser moderno y eficiente, debe tener la capacidad de descentralizar sus funciones, poderes y la administración de sus recursos. De esta manera, los gobiernos locales pueden tener mayor autonomía en sus decisiones y tomar acciones propias a las necesidades que directamente afectan a sus comunidades. 

Colombia, desde la Constitución de 1886 ha contado con un modelo de gobierno supremamente centralista. Tan solo la Carga Magna de 1991 introdujo conceptos de descentralización administrativa y autonomía de las entidades territoriales, reconoció al Estado colombiano como un país de regiones y, expresando este progreso en nuestra máxima ley, incluyó en los artículos 306 y 307, dos esquemas asociativos que buscan desarrollar sinergias administrativas en los departamentos. 

La creación de las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) y la posibilidad que estas puedan convertirse en Entidades Territoriales (RET), están avaladas por los artículos mencionados anteriormente. Esto significa que de acuerdo con las voluntades de los gobernadores y luego de un debido proceso para su conformación, dos o más departamentos tienen la posibilidad de unirse con el fin de estimular su competitividad, presentar proyectos de impacto que generen desarrollo y aumentar su capacidad para adelantar gestiones ante la Nación. 

Sin embargo, estos esquemas asociativos pese a que abrían una importante oportunidad para la descentralización y el fortalecimiento de las regiones, no contaban con una norma que les otorgara una autonomía financiera para poder ejecutar sus proyectos. En los últimos años los departamentos de la región Caribe conformaron su RAP, de igual manera lo hicieron los departamentos de la región Central, el Pacífico y el Eje Cafetero. No obstante, sin tener los “dientes” económicos necesarios, el alcance de sus funciones era limitado. 

Enhorabuena, luego de varios años en los que diferentes actores políticos expresaron su inconformidad por la ineficiencia de estas herramientas de descentralización, en el Congreso de la República se tramitó exitosamente la llamada Ley de Regiones y la semana pasada se aprobó el texto de conciliación en la Cámara Alta. Ahora, solo falta que el presidente Duque este a la altura de este hecho histórico, no presente objeciones al proyecto, y por fin, las RAP puedan contar con recursos directos del Presupuesto General de la Nación. 

Esta ley que le brinda una verdadera autonomía a las regiones es el camino real a la descentralización en Colombia. En este sentido, Norte de Santander no puede quedarse atrás, pues somos de los pocos departamentos que aun no ha conformado una RAP. Y aunque congresistas de la región ya le han hecho la solicitud al gobernador William Villamizar, todavía no hay pronunciamiento con el fin de iniciar el respectivo proceso. 

Un esquema asociativo como el mencionado es lo que necesitamos para nuestra región. Debemos unir bajo esta herramienta de descentralización a los santanderes y, de esta forma, evitarnos la tramitología y dependencia que tenemos con el Gobierno central para sacar los proyectos que necesitamos urgentemente y poder mitigar la crisis que nos agobia.  

Conformar una RAP significa para nosotros, por ejemplo, tener la fuerza administrativa y económica para defender el páramo de Santurbán, crear modelos sostenibles y productivos que impulsen el empleo de la región a través de proyectos industriales, impulsar nuestra conectividad vial, fortalecer la red hospitalaria y, entre otras cosas, buscar soluciones con un enfoque local y aterrizado. Estamos cansados que desde Bogotá aparezcan “científicos” tomando medidas desde la comodidad de una oficina, desconociendo el difícil entorno que enfrentamos día a día.