No hay límite para el asombro ante las ocurrencias de algunos parlamentarios colombianos. 

Un proyecto de ley radicado en el Senado busca resolver la crisis de Electricaribe con la fórmula delirante de expropiar parte de los recursos del cargo por confiabilidad  y destinarlos a subsidios a usuarios de bajos ingresos,  a la financiación de inversiones que contribuyan a reducir la huella de carbono de generación eléctrica y a proyectos de inversión para garantizar la confiabilidad y estabilidad del sistema eléctrico. Esta idea es absolutamente aberrante y, de convertirse en ley de la República, estaría Colombia abocado a un apagón inmediato. 

El cargo por confiabilidad es un cargo que los usuarios de energía eléctrica pagamos por el servicio de confiabilidad que otorgan las diferentes plantas de generación eléctrica del país. Es un pago para siempre contar con energía en firme, inclusive en momentos críticos, generalmente en Colombia esto ocurre en sequías. No son recursos públicos de ningún presupuesto ni municipal, ni regional, ni nacional. Son recursos de los que prestan el servicio de confiabilidad. Gracias a este cargo, el país ha sorteado periodos de sequía severos sin racionamientos. Gracias al cargo, inversionistas extranjeros y locales, privados y públicos han invertido más de USD 6.000 billones en la expansión del sistema de generación en proyectos como Amoya, Termotasajero 2, Gecelca 3, Termonorte, Quimbo, Pescadero Ituango, Hidrosogamoso, entre otros. Gracias al cargo, no se volvieron a realizar proyectos de generación con presiones políticas sino a través de subastas transparentes. 

A raíz del atraso de Ituango, se anunció ya una nueva subasta de expansión del sistema para nuevas plantas. El éxito de esta depende de la credibilidad que tiene este cargo para remunerar las nuevas inversiones. Se requieren casi 900 MW de capacidad instalada para el final del 2022. Vulnerar el cargo es la mejor manera de que estas inversiones no se hagan,  que las plantas existentes no puedan pagar sus costos de mantenimiento  y que las plantas nuevas que han entrado en los últimos años no puedan pagar los compromisos de deuda adquiridos. Es la quiebra del sector de generación en Colombia y la mayor catástrofe financiera en la infraestructura en Colombia. Ningún banco del mundo, ningún inversionista volvería a creer en la seriedad de las reglas del país. No sería un apagón ni por una sequía, ni por un daño de las plantas, sería un apagón, no por física; sino por metafísica, por estupidez. 

Electricaribe está en crisis y esto requiere de gestión, confianza e inversión. Pero esto no se resuelve quitando los recursos privados de un sector para entregarlos a otro, arriesgando el suministro de energía en el país. Simplemente requiere de más recursos y de una gestión profesional. 

El nuevo marco regulatorio para la distribución eléctrica, permite alzas en las tarifas si se realizan las inversiones en las redes y si se invierte en pérdidas. Esto no es solamente para la costa, sino para todo el país. Donde mayor rezago de inversión exista pues más recursos se requieren.  La costa atlántica tiene los cargos de distribución más bajos de Colombia y de los peores índices de recaudo.  Por más maromas y delicadezas políticas que se quieran dibujar, sin mayores cargos no se resuelve el problema. Esto debe hacerse y el gobierno debe garantizar los subsidios necesarios para que la población de menores ingresos no se vea afectada. El resto de usuarios de electricidad podrán tener alzas siempre y cuando se hagan las inversiones por parte de los operadores. Todo bajo las expresiones regulatorias y sin el desquicio del Congreso.